Representantes de las farmacéuticas y otras empresas proveedoras del Ministerio de Salud se reunieron este martes con el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Carlos Fernández Valdovinos, para negociar el plan de pagos de la millonaria deuda del Ministerio de Salud Pública (MSP).
Tras el encuentro, que se realizó a puertas cerradas, Carlos Ayala, representante de la Cámara Paraguaya de Productos y Equipos Médicos (Cappem), confirmó que el MEF les planteó nuevamente acudir al factoraje como método de pago, lo que implicaría ceder sus deudas a entidades financieras, a fin de acceder a los recursos.
Además, advirtió que todos los proveedores exigen cobrar el 100% de la deuda y definir los desembolsos ya apenas concluya la Semana Santa debido a que muchas empresas corren el riesgo de quedar desfinanciadas a causa de la situación.
“Nosotros queremos cobrar el 100%, no puedo hablar de una satisfacción en un ámbito total. La situación es grave. Necesitamos una solución, una definición técnica. Estamos ya en abril prácticamente y necesitamos saber cómo se va a ejecutar este año esto, para poder tener una previsibilidad de acción. Es una suma de varias cosas que hacen que esto se vea urgente. Quedamos ahora de tener una reunión concreta en donde podemos hablar de una definición en la primera semana posterior a Semana Santa”, expresó en entrevista con los medios.
Si bien Ayala se mostró un poco optimista respecto a la metodología planteada, ya que el ministro les garantizó que tendrá un indicador diferencial que resultará atractivo para los bancos, esto finalmente implicará nuevas deudas o un “bicicleteo” para el Estado, lo que terminará con la obligación de pagar nuevos intereses.
“Las empresas tienen que ir al banco a presentar las deudas, como se hizo con anteriores factoring, pero con este proyecto que nos presentó hoy el ministro, hay una terminología o una instrumentalización que pueda causar un apetito bancario por la legislación que le dan al proyecto. Es algo que los bancos van a entender, puede causar un buen apetito a nivel bancario para poder darnos esos desembolsos”, resaltó.
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El representante de la Cappem detalló que la deuda actual del Gobierno con los proveedores del sector sanitario, tanto farmacéuticas como de equipamientos, ya supera USD 800 millones, ya que los USD 775 millones que se habían informado previamente solo correspondían al cierre de enero de 2026, aunque aclaró que aún deben definir el número final.
“Con todos los gremios estamos presentando al MEF y al Ministerio de Salud nuestros números (...) y sobre eso estamos construyendo nuestro número final. La deuda documentada es la que ya cuenta con número de expediente presentados al cobro en Salud, porque también presentamos otros números que responden a los cumplimientos o las entregas que emite Salud, pero estamos esperando completar el circuito documental, para que a partir de ahí se sume a lo que ya tiene expediente”, acotó.
Apuntó a que, pese a que la ley les obliga a seguir proveyendo a pesar de las deudas y mientas duren las negociaciones, no se descarta que algunas empresas puedan perder la capacidad financiera y acudir a un proceso judicial para suspender las provisiones ante el incumplimiento contractual por parte del Estado.
“Todos estamos en la misma situación, todos estamos proveyendo, lo que se dan son retrasos por la carga financiera que tenemos; tenemos que salir a buscar financiamiento, nuevas líneas de crédito, tenemos que explicarles a los bancos que se va a cobrar porque estamos cubiertos con una ley, pero tenemos que pedir a los bancos que nos sigan ayudando para seguir proveyendo y cumpliendo con las órdenes que salen, porque no tenemos de otra. Pero eso tiene un límite, pueden llegar a cortar, en ese momento se podría dar lógicamente una falta de provisión”, alertó.
Finalmente, Ayala aseguró que dichos compromisos incumplidos se vienen arrastrando desde que asumió el Gobierno de Santiago Peña. Explicó que antes de su asunción, el sector había presentado un saldo de deuda con un corte a agosto de 2023, lo que se les cumplió mediante una emisión de bonos. Posteriormente, el Ministerio de Salud continuó realizando las compras entre ese 2023 y este 2026, por lo que el monto se fue acumulando. “Los cobros que se hicieron evidentemente fueron menores a lo que se fue ejecutando”, enfatizó.
Recientemente, el Gobierno también presentó a las empresas constructoras un plan de pago de USD 150 millones mediante la cesión de la deuda a bancos privados, que se canalizará mediante el factoraje, con el objetivo de no afectar el presupuesto del presente ejercicio fiscal.
