El caso fue denunciado por la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), que detectó la utilización de facturas falsas por un monto total de G. 1.602.837.350.819. Con esto suman 63 los imputados. En este caso el perjuicio es de 10 millones de dólares.
El delito investigado es producción de documentos no auténticos.
Esta es la cuarta imputación, en la cual menciona que la SET pudo identificar significativas discrepancias entre las ventas consignadas en las declaraciones juradas de IVA de 13 contribuyentes (proveedores) y las compras informadas a través de las declaraciones juradas informativas de los supuestos clientes.
La presunción inicial era que las facturas invocadas por los clientes como respaldo de su crédito fiscal son apócrifas. Estas investigaciones fueron realizadas por la Dirección General de Grandes Contribuyentes y de Fiscalización Tributaria y permitieron llegar hasta los contadores Ignacio Urbieta Cantero y Alfredo Brítez, quienes fueron sindicados como cerebros de la presunta megaevasión.
Los mismos se encuentran procesados por los hechos punibles de asociación criminal y producción de documentos no auténticos, según explicó el fiscal interviniente.
Cabrera señaló además que los encausados fueron sindicados como propietarios de empresas y se habrían beneficiado con créditos fiscales o con justificaciones de costos, con la presentación de las facturas de proveedores inconsistentes que respaldaban supuestas compras.
“Los imputados habrían utilizado las facturas apócrifas con el aparente fin de inducir al error al Ministerio de Hacienda”, manifestó Cabrera.
Por otro lado, el investigador no descartó que más personas puedan ser incluidas en la presente causa.
“Unos 10 millones de dólares fueron el perjuicio en esta causa; monto que podría aumentar, conforme a los resultados de la investigación fiscal”, añadió.
El representante del Ministerio Público solicitó que el Juzgado Penal otorgue medidas alternativas a la prisión.
