El Tribunal de Apelación admitió y dio curso al recurso presentado por la defensa de Antoliano Espínola Gamarra y Alcides Marín, revocando parcialmente la prisión preventiva dictada por el Juzgado de Garantías y otorgándoles arresto domiciliario.
La víctima denunció que el pasado 7 de setiembre, en el distrito de Caazapá, cuatro hombres ingresaron con armas de fuego a su domicilio, obligándola a subirse maniatada a una camioneta.
Según los informes médicos y sicológicos, la mujer fue agredida sexualmente y abandonada a unos 8 kilómetros de su vivienda, logrando identificar a tres de los cuatro agresores, quienes presuntamente actuaron en venganza por un litigio de tierras con su madre.
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El fiscal de la causa, Marcelo Ramírez, se opuso al arresto domiciliario por la gravedad de la denuncia y debido a que el informe sicológico y médico confirma la existencia del daño. Ahora, el agente se encuentra recusado por la defensa, informaron desde el Ministerio Público.
La Cámara de Apelaciones es presidida por la magistrada Margarita Miranda Brítez, quien votó en disidencia, mientras que sus colegas Édgar Adrián Urbieta y Guido Ramón Melgarejo votaron por el arresto domiciliario.
Los camaristas alegaron que existía “una suerte de duda” instalada respecto a la comisión de los hechos punibles, ignorando la evaluación sicológica y la inspección médica, y que la investigación puede llevarse a cabo sin la necesidad del otorgamiento de la prisión preventiva, por no significar necesario, según un reporte de prensa divulgado por la Fiscalía.
No obstante, desde el Ministerio Público recordaron que los hechos investigados constituyen crimen, con una expectativa de pena de 15 a 18 años, y se observa que la víctima denuncia haber sido hostigada desde antes del hecho denunciado.
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La Cámara aparentemente alegó que el testimonio de la víctima no sería indicio suficiente, sin embargo obran en la carpeta fiscal los informes de la evaluación sicológica e inspección médica de la víctima.
Antoliano Espínola Gamarra, Alcides Marín y Reinaldo Alvarenga Fariña se encuentran imputados por la comisión de los hechos punibles de coacción grave, privación de libertad, coacción sexual y violación. Alcides Marín se desempeñaba como suboficial de Policía de Caazapá.
