Las organizaciones exigen que la Contraloría General de la República dé cumplimiento al artículo 283 de la Constitución Nacional, a fin de controlar a Itaipú Binacional a través de su administradora, que del lado paraguayo es la Administración Nacional de Electricidad (ANDE).
Ricardo Canese, uno de los denunciantes por Itaipú Causa Nacional, explicó que hay 10 “gravísimos hechos lesivos a los intereses de Itaipú, que ya fueron presentados a la Contraloría en ocasiones anteriores y no han sido investigados”.
Manifestó que uno de ellos es la fijación de una ilegal tarifa de Itaipú superior al costo del servicio (2022-2027) que está “llevando al vaciamiento de la ANDE”.
“La ANDE está siendo vaciada por una disposición ilegal adoptada por Santiago Peña (presidente de la República) de elevar la tarifa de Itaipú por encima del costo del servicio como establece claramente el Tratado. Está disponiendo de un remanente de USD 650 millones enteramente ilegal”, expresó.
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Mencionó que la Contraloría tiene la obligación de auditar a través de la ANDE, que es la empresa que más contribuye al fisco, la más importante tanto a nivel privado como público. Dijo que no auditar la ANDE y específicamente el manejo de Itaipú “es un verdadero escándalo”.
Por su parte, Heriberto Bobadilla, de la campaña Itaipú también es Soberanía del Partido Paraguay Pyahurã manifestó que exigen desde hace tiempo que el país asuma la soberanía de Itaipú y que los recursos de la hidroeléctrica lleguen al Estado paraguayo y que este arbitre los recaudos necesarios para llegar a los sectores más necesitados a través de programas de desarrollos.
“Son miles de millones de dólares que se están yendo, por otro lado, y que no son utilizados para el desarrollo nacional. Además, hay sospechas de que puede haber desvío de esos grandes fondos que bien podrían ayudar a un mejoramiento de la situación general de nuestro pueblo”, expresó.
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El ingeniero Germán Escauriza, miembro de Sociedad y Desarrollo, comentó que presentaron la inquietud en la Contraloría sobre lo que se refiere al cumplimiento de la Constitución Nacional para precautelar los intereses del Estado paraguayo en Itaipú y Yacyretá.
Pide que la Contraloría interprete la Constitución, los tratados de Itaipú y Yacyretá y los anexos A, B y C que constituyen la carta orgánica de ambas empresas concesionarias.
Por último, mencionó que la propuesta concreta que llevan es que la Contraloría audite la gestión administrativa de la ANDE en la Itaipú.
