23 abr. 2024

Organización civil expresa preocupación ante narcopolítica y crimen organizado en el país

Semillas para la Democracia expresó preocupación ante los últimos hechos que desnudan la fuerte presencia de la narcopolítica y el crimen organizado en el país.

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La organización civil Semillas para la Democracia señala que el crimen organizado y la narcopolítica están atentando contra la democracia en Paraguay.

Foto: Celag

La organización civil Semillas para la Democracia emitió este miércoles un pronunciamiento en el cual señaló que, debido a “la narcopolítica, el lavado de dinero, el crimen organizado, la corrupción en todas las esferas y la impunidad como regla”, Paraguay se encuentra atravesando por una “reducción del espacio cívico”.

En ese sentido, aludió que las instituciones atraviesan hoy en día por una “debilidad” y “escasa cultura de la integridad”, y aseveró que el crimen organizado, además de buscar acaparar el negocio de las drogas, “ahora ha pasado a una nueva fase en la que su objetivo es la toma del poder, apropiándose del presupuesto público a través de licitaciones y contratos”.

Asimismo, manifestaron desde la organización que hay autoridades y defensores de derechos que han sido asesinados por los grupos criminales en los últimos tiempos y aseguraron que la impunidad sigue ganando terreno en el país.

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“A diario somos testigos de cómo la corrupción y la delincuencia organizada permean todos los espacios públicos, infiltrándose en procesos electorales, en el sector privado y en las instituciones públicas y judiciales”, indicaron, añadiendo que desde hace tiempo la organización viene avisando a la población sobre “la peligrosa injerencia del dinero sucio en la política”.

Según el escrito, todos los hechos ocurridos últimamente hacen llegar a la sociedad paraguaya el mensaje de que “el poder económico manda por sobre la dignidad y el derecho” de las personas.

Finalmente, ante todo lo expuesto, desde la organización Semillas para la Democracia instaron al Estado a combatir todos los hechos ilícitos en el país y a la ciudadanía en general, a estar alertas.

“Actuar de manera firme, articulada y sin miedo para evitar que este retroceso político se profundice en detrimento de nuestra seguridad, de nuestra democracia y de nuestra calidad de vida. Es imperativo ponerle fin a esta larga historia de impunidad política que alimenta y le da vida a este presente de violencia criminal”, finaliza el escrito.

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El ex ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, acusó recientemente al ex presidente de la República, Horario Cartes, de ser el responsable del contrabando de cigarrillos y hasta de tener vínculos con grupos criminales para llegar a otros países donde los narcotraficantes lideran.

Mientras tanto, el martes salieron la luz unas imágenes sobre Giuzzio utilizando una camioneta de Marcus Vinicius Espindola Marques de Padua, un narco que fue capturado en el denominado Operativo Turf, ejecutado entre Brasil y Paraguay. Tras esto, el secretario de Estado fue destituido.

En el país también está en juego la cabeza de la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, a quien -tanto los diputados de la oposición así como los colorados oficialistas- quieren llevar a juicio político por su parcialidad manifiesta con relación a las causas vinculadas a Cartes.

Además, los legisladores anunciaron que realizarán otras acusaciones contra la titular del Ministerio Público, tras informes de la la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).

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Por otra parte, desde este martes se inició el operativo A Ultranza Py, que busca desarticular un gran esquema de crimen organizado que se sustenta en el tráfico de cocaína a puertos de Europa y de África, y el posterior lavado de dinero.

El objetivo es la detención de más de 30 personas, de las cuales 24 ya fueron imputadas y 8 detenidas; con unos USD 100 millones en bienes incautados.

La investigación se llevó a cabo por más de dos años, donde se indagó el esquema integrado por organizaciones criminales conformadas y preexistentes dentro del continente sudamericano. Se estima que más de 20 toneladas de droga pasaron por el país.

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