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Ordenan captura de seis policías por presunto pedido de coima de USD 100.000

El fiscal Alberto Torres ordenó la detención de seis agentes policiales del Departamento de Investigación de Homicidios de Ciudad del Este, por privación ilegítima de libertad y extorsión a una ciudadana paraguaya residente en España.

Edgar Medina Por Edgar Medina

La detención se registró el 3 de noviembre pasado y la extorsión fue hasta el 7 de noviembre, lapso en el que la víctima fue coaccionada por los agentes, según el fiscal.

Los agentes denunciados son la oficial primera Karina Beatriz Caballero Giménez, subjefa; el oficial ayudante Diego Ayala, suboficial mayor Éver Aquino, suboficial mayor Rafael Silvero, suboficial inspector Hugo Báez y el suboficial segundo Alfredo Báez.

La víctima está identificada como Reinalda Santacruz Brítez, quien tiene una causa abierta en España, pero sin orden de captura, conforme a lo revelado por el representante del Ministerio Público que investiga el hecho.

La mencionada estuvo detenida desde las 09:30 hasta las 15:30 del 3 de noviembre, conforme con la denuncia.

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La mujer fue aprehendida porque supuestamente tenía un automóvil robado, pero cuando llegó a la base de Homicidios, los agentes le señalaron que había sido aprehendida por el caso de España, por el que supuestamente la mujer era requerida y que ellos tenían la orden de captura.

Los agentes le pidieron USD 100.000 de coima para liberarla, monto que posteriormente fue reducido a USD 10.000 tras negociaciones. El hecho fue documentado con capturas de pantalla de mensajes enviados supuestamente por los agentes al teléfono de la víctima y audios, conforme con los antecedentes.

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Los agentes proporcionaron además una cuenta bancaria para la transferencia electrónica del dinero, pero la víctima y su pareja, que es español, no pudieron concretar la trasferencia, debido a que el sistema de seguridad del banco no le permitía ese monto.

La intermediación con los policías fue realizada por un abogado, quien fue cambiado por las víctimas, y el nuevo asesor les recomendó denunciar el caso ante el Ministerio Público.

“Solicitaron la suma de USD 100.000, conforme a las menciones de la víctima, y, con negociaciones, redujeron a USD 10.000. En ese lapso llega la pareja de la compatriota a la base del Departamento de Homicidio y llegaron a un acuerdo. Tenía que hacer la transferencia electrónica a una cuenta que fue proporcionada por los agentes, que está abierta en una institución bancaria en este país, pero la transacción no se pudo concretar”, relató el fiscal.

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