La detención se registró el 3 de noviembre pasado y la extorsión fue hasta el 7 de noviembre, lapso en el que la víctima fue coaccionada por los agentes, según el fiscal.
Los agentes denunciados son la oficial primera Karina Beatriz Caballero Giménez, subjefa; el oficial ayudante Diego Ayala, suboficial mayor Éver Aquino, suboficial mayor Rafael Silvero, suboficial inspector Hugo Báez y el suboficial segundo Alfredo Báez.
La víctima está identificada como Reinalda Santacruz Brítez, quien tiene una causa abierta en España, pero sin orden de captura, conforme a lo revelado por el representante del Ministerio Público que investiga el hecho.
La mencionada estuvo detenida desde las 09:30 hasta las 15:30 del 3 de noviembre, conforme con la denuncia.
Lea más: Policías son investigados por supuesto robo de USD 100 mil a taiwaneses
La mujer fue aprehendida porque supuestamente tenía un automóvil robado, pero cuando llegó a la base de Homicidios, los agentes le señalaron que había sido aprehendida por el caso de España, por el que supuestamente la mujer era requerida y que ellos tenían la orden de captura.
Los agentes le pidieron USD 100.000 de coima para liberarla, monto que posteriormente fue reducido a USD 10.000 tras negociaciones. El hecho fue documentado con capturas de pantalla de mensajes enviados supuestamente por los agentes al teléfono de la víctima y audios, conforme con los antecedentes.
Entérese más: Policías de Investigación con orden de captura se presentaron en su unidad
Los agentes proporcionaron además una cuenta bancaria para la transferencia electrónica del dinero, pero la víctima y su pareja, que es español, no pudieron concretar la trasferencia, debido a que el sistema de seguridad del banco no le permitía ese monto.
La intermediación con los policías fue realizada por un abogado, quien fue cambiado por las víctimas, y el nuevo asesor les recomendó denunciar el caso ante el Ministerio Público.
“Solicitaron la suma de USD 100.000, conforme a las menciones de la víctima, y, con negociaciones, redujeron a USD 10.000. En ese lapso llega la pareja de la compatriota a la base del Departamento de Homicidio y llegaron a un acuerdo. Tenía que hacer la transferencia electrónica a una cuenta que fue proporcionada por los agentes, que está abierta en una institución bancaria en este país, pero la transacción no se pudo concretar”, relató el fiscal.