Los comisarios Mario Ovelar y Gustavo Errecarte, jefe de Seguridad del Palacio de Justicia y jefe de la Comisaría 1.ª de Asunción, respectivamente, entre otros, fueron denunciados por lesiones en el ejercicio de funciones públicas, lesión grave, coacción grave, violencia contra la mujer y producción mediata de documentos públicos de contenido falso, informó la periodista de Última Hora Liz Acosta.
La denuncia escrita fue presentada durante esta jornada, alrededor de las 10:00, en mesa de entrada de la Unidad Especializada de Derechos Humanos del Ministerio Público.
El abogado Felino Amarilla criticó que la propia Corte Suprema de Justicia (CSJ) haya ordenado impedir el acceso de los manifestantes a la explanada del Palacio de Justicia y al Museo de la Justicia y el Archivo del Terror, habiendo solicitudes previas ingresadas ante la máxima instancia judicial.
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Sobre el punto, se refirió a los ministros de la Corte Víctor Ríos y Manuel Ramírez Candia, que en el pasado fueron militantes del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), porque habrían prestado su acuerdo a la orden.
Miembros de la oposición que habían participado de una representación teatral en homenaje al octavo aniversario del asesinato de Rodrigo Quintana hace una semana, el cual finalizaba en el Palacio de Justicia, fueron agredidos y maltratados por policías, que hicieron una barrera para impedir el paso a la explanada.
Una militante liberal, la abogada Olga Paredes, resultó con lesiones tras ser empujada en las escaleras junto a Efraín Alegre (hijo).
Integrantes del Partido Liberal también solicitaron por nota la semana pasada la intervención urgente del defensor del Pueblo, Rafael Ávila, en el caso, por la vulneración de derechos humanos sufrida durante la representación teatral.
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Tras la represión a los manifestantes, el propio comisario Mario Ovelar –uno de los denunciados hoy–, se adelantó a denunciar penalmente al grupo de manifestantes que se juntaron frente al Poder Judicial para conmemorar la muerte de Rodrigo Quintana el pasado lunes 31 de marzo.
La Fiscalía ya abrió una causa que está a cargo del agente fiscal Alcides Corvalán, de la Unidad Especializada en Seguridad y Convivencia Ciudadana, bajo la sospecha de supuestos hechos punibles de perturbación de la paz pública y resistencia.
La senadora Lilian Samaniego (ANR-disidente) pidió públicamente al Gobierno que se retire la denuncia del jefe policial. En cuanto a este pedido, dijo la legisladora Celeste Amarilla (PLRA) esta jornada que su colega colorada disidente presentará un proyecto de resolución que inste lo propio a las autoridades competentes.
