29 may. 2025

Oposición busca reunir firmas para tratar pérdida de investidura de Ibáñez

Diputados opositores se encuentran en medio de arduas negociaciones para conseguir las 20 firmas necesarias para que la Cámara Baja trate la pérdida de investidura del diputado colorado José María Ibáñez, investigado por el caso de los caseros de oro.

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La diputada Rocío Vallejo (PPQ), a favor de la pérdida de investidura del diputado colorado.

@RocioVallejoA

Rocío Vallejo, de la bancada del Partido Patria Querida (PPQ), señaló que se encuentran en tratativas con varios sectores de la oposición para lograr que el pedido del tratamiento de pérdida de investidura sea presentado en mesa de entrada.

“Creemos que se reúne el requisito establecido en la Constitución Nacional, pero tenemos la Ley de Autoblindaje, donde se requiere como un presupuesto para la presentación efectiva ante la mesa de entrada de la Cámara de Diputados 20 firmas en la solicitud”, detalló en comunicación con radio Monumental 1080 AM.

Lea más: Justicia resuelve suspensión condicional para José María Ibáñez

Manifestó que, de momento, solo seis diputados aceptaron apoyar la medida, entre ellos, los de la bancada de Encuentro Nacional. Recalcó que las 20 firmas constituyen solo el primer paso, ya que requieren de 53 votos para que el diputado colorado pierda su investidura.

José María Ibáñez fue acusado de pagar con dinero del Estado los salarios de tres empleados de su quinta privada en Areguá. Para evitar el juicio oral y público, el parlamentario reconoció los hechos y ofreció reparar los daños, así como donar dinero a dos centros hospitalarios.

Nota relacionada: Sin votos de los colorados, pérdida de investidura de Ibáñez no corre

El caso se remite a una investigación periodística del 2013 que dejó al descubierto que el legislador hizo figurar a sus empleados como funcionarios del Congreso. Estos cobraban G. 2.500.000.

Ibáñez obtuvo la suspensión condicional de la causa bajo la promesa de reparar el daño social a través de la compra de un generador al leprocomio Santa Isabel y de otras donaciones por valor de G. 5.000.000.

La Fiscalía sostuvo en su momento la necesidad de llevar a cabo el juicio al legislador; sin embargo, no se opuso al beneficio aprobado recientemente por el juez.

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