Si bien es cierto que uno de los peores males para que siga el carnaval con el dinero público es la impunidad, también es cierto que no sabríamos tanto de esa impunidad si no fuera por el acceso a la información pública. Los administradores de turno buscan de vuelta poner freno a esa poca transparencia que tenemos, porque lo que acostumbran es la opacidad. Eso es lo que percibimos con el recientemente sancionado proyecto de ley de datos personales, cuya intención loable ha sido atacada introduciendo modificaciones, como la que observamos en el artículo 24, Del tratamiento de datos en el sector público, que establece que “la excepción de acceso a la información pública procederá únicamente cuando el daño causado al interés protegido sea mayor al interés público de obtener el acceso a la información”.
Según la mayoría de los legisladores de este periodo (vale aclararlo para que nos conste quiénes aprobaron el plan), la excepción establecida no deberá aplicarse cuando: “a) La persona haya consentido expresamente la divulgación de sus datos personales”. Es decir, ahora un funcionario puede negarse a que la información pública sea divulgada, y aunque pareciera que se prevén los resortes jurídicos para que eso no ocurra, cualquier dificultad para el acceso a información pública no es buena señal. Veremos qué hace el Poder Ejecutivo al respecto.
Claro que existen excepciones, como seguridad nacional y asuntos relacionados, pero no podemos bajo cualquier argumento estar negando la tan necesaria transparencia en el gobierno de este país, más todavía conociendo los antecedentes de los responsables de la mencionada tarea por más de 70 años.
No es lo mismo ser empleado del sector público que empleado del sector privado. Es claro que en una empresa se buscan los intereses de esa compañía, mientras que en el sector público se apunta al bien de todos. Si el Estado funciona como debería, resulta el tope para los intereses personales, donde las empresas no pueden hacer lo que quieren solamente para beneficiarse más, sino donde se tiene en cuenta por sobre todo el bien ciudadano. Parece una obviedad, pero se requiere que lo repitamos para despejar cualquier duda.
No puede ser que se divulguen los datos de cualquier persona para que le lleguen un sinfín de llamadas telefónicas o mensajes proponiéndole quién sabe cuántas ofertas sobre un sinnúmero de productos. Es inconcebible que se cuente con información sensible como datos de salud para estar viendo qué seguro conviene más a alguien, no por el bien de ese ser humano, sino por el de la empresa que le ofrece el seguro.
Sin embargo, saber qué se está haciendo con el dinero de los impuestos, qué salarios se están pagando, para qué tareas públicas, con qué objetivos gubernamentales, no puede dejarse al arbitrio de una persona que se oponga porque sí.
No son buenos tiempos para la democracia. Hay un sistemático atropello a las nociones básicas de República: gobierno del pueblo y para el pueblo, transparencia, participación ciudadana, representación popular, pluralidad y soberanía, por citar algunos términos. No se está prestando atención a las verdaderas carencias de los habitantes de esta tierra, menoscabando áreas como salud, educación y seguridad. Las oportunidades de crecimiento personal no son las mismas para todos. Vivimos en medio de una clara discriminación, y las consecuencias las vemos a diario.
