“Las Fuerzas de Seguridad Israelí deben permitir y garantizar el ejercicio de las libertades de expresión, asociación y reunión. Ninguna fuerza debe ser utilizada contra aquellos que ejercen estos derechos pacíficamente”, sostuvo el portavoz de la Oficina, Rupert Colville.
“Cuando el uso de la fuerza es necesario debe hacerse respetando plenamente las normas internacionales de los derechos humanos, que prohíben el uso innecesario y desproporcionado de la fuerza. Esto no ha sido el caso en los últimos días”, agregó.
El desalojo tiene la intención de que colonos israelíes ocupen el área, lo que causó indignación entre los palestinos, que han acentuado sus protestas en los últimos días.
El Ministerio de Sanidad de Gaza ha informado de que al menos veintidós palestinos, entre ellos nueve menores, murieron y un centenar quedaron heridos, en la respuesta de Israel.
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Las autoridades israelíes sostienen que su acción responde al lanzamiento de misiles contra áreas civiles desde territorio palestino, una agresión de la que acusa al movimiento Hamás.
Colville consideró que “no es fácil decir quiénes son los culpables de los misiles” porque “Hamás no es el único grupo en Gaza, donde hay otros grupos armados, y no está claro quién los ha lanzado”.
Al respecto, sostuvo que la utilización indiscriminada de armas peligrosas en áreas civiles podría ser “potencialmente un crimen de guerra”.
Grupos armados palestinos habrían lanzado unos 250 cohetes contra Israel en las últimas veinticuatro horas, que han causado diecisiete heridos entre los civiles.
Sobre los enfrentamientos, la ONU está particularmente preocupada por su impacto en los niños y ha pedido que se libere a los menores detenidos.
