La sociedad Vía Navegable Argentina (VNA), integrada por ambas compañías, estará a cargo de la concesión durante 25 años, hasta 2051, tras el proceso de licitación impulsado por el Gobierno de Javier Milei.
Caputo destacó este jueves en la red social X el inicio de la nueva etapa y la reducción del 13,5% en la tarifa de peaje, pasará de USD 4,30 dólares a USD 3,80 dólares por tonelada de registro neto (TRN).
Según la concesionaria, la reducción podría generar un ahorro logístico de entre USD 375 y 456 millones anuales para el sector agroexportador y potenciar la competitividad del Gran Rosario y el Litoral.
El ministro remarcó además que la empresa belga ejecutará obras para profundizar, ampliar y modernizar el principal corredor fluvial de exportaciones de Argentina.
La nueva concesión contempla trabajos de dragado, redragado, señalización y ampliación de la vía navegable, incluida la apertura y el mantenimiento de los canales Paraná Guazú, Paraná Bravo y el Pasaje Talavera, en la provincia de Entre Ríos.
La VNT, de 1.635 kilómetros, constituye el cauce de salida al Atlántico del 80% de las exportaciones argentinas -principalmente granos y derivados- y de cargas provenientes de Brasil, Bolivia, Uruguay y Paraguay.
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La empresa estima que las inversiones durante los 25 años de concesión podrían alcanzar unos USD 10.000 millones para la modernización de la vía.
La adjudicación a Jan de Nul fue cuestionada por su competidora belga Dredging, Environmental & Marine Engineering (DEME), que denunció una “ventaja estructural” en el proceso licitatorio.
Ambas compañías habían presentado ofertas económicas idénticas, pero Jan de Nul obtuvo una mayor puntuación técnica.
En mayo, Fernando Miguez, presidente de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático, y la abogada Marcela Scotti presentaron una denuncia penal para pedir que la Justicia investigue un posible fraude en el proceso de licitación para la concesión.
La Procuraduría de Investigaciones Administrativas también advirtió sobre irregularidades administrativas que eventualmente podrían derivar en responsabilidades penales, mientras que el Gobierno argentino defendió la transparencia del proceso.
La concesión de la hidrovía estuvo por 25 años en manos de un consorcio privado integrado por Jan De Nul y la argentina Emepa, hasta que en septiembre de 2021, tras caducar el contrato, el Estado argentino se hizo cargo de la administración de la VNT, contratando en forma directa a Jan De Nul para la ejecución de las tareas de dragado y balizamiento.
Fuente: EFE
