Esta obligación de transparentar el uso del dinero público, en un plazo de 15 días, se da por mandato del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Vigésimo Quinto Turno de la Capital, que dio lugar al amparo presentado por el abogado Ezequiel Santagada.
El abogado había solicitado los datos mencionados a través del Portal de Acceso a la Información Pública. El Municipio utilizó como estrategia que respondió al pedido, anexando los documentos entregados a la Contraloría General de la República, tras requerimiento. Pero en el informe no figuraba parte de las solicitudes realizadas por Santagada.
“Una respuesta que no se condice con la información solicitada es una respuesta que menoscaba el derecho de acceso a la información”, refirió al respecto el solicitante.
Santagada destacó la importancia de tener una ley de Acceso a la Información. “A rendir cuentas a los asuncenos”, refirió en su cuenta de X, ex Twitter. El jefe de Gabinete del Municipio, Nelson Mora, quien también se muestra enfurecido porque los medios de comunicación sacan a luz el manejo de los fondos municipales, contestó al posteo: “Excelente, adelante. Saludos”, ya en un tono pacífico.
El juez Walter Mendoza también ordenó a la Municipalidad a dar respuesta sobre el uso de fondo de los bonos, desde el G1 al G2, solicitado por el concejal Álvaro Grau (PQ). El edil opositor promovió el amparo tras no recibir las respuestas ni de minutas presentadas en la Junta Municipal, como tampoco por el Portal de Acceso a Información Pública. La medida judicial intentó ser frenada por representantes del Municipio.
Saldos. En el informe de ejecución de los primeros cuatro meses del 2024 aparecen varios saldos de los bonos G3, G4, G5, del periodo de Mario Ferreiro. De la administración de Óscar Nenecho Rodríguez, de las cuatro emisiones solo figura saldo del G8.
Por el G8 se había emitido G. 360.000 millones a finales del 2022, para el mismo periodo del 2023 solo figuraban G. 48 millones, sin iniciar para ese entonces las ocho cuencas de desagüe pluvial previstas, y cuya ejecución actual solo se da en dos puntos. Ahora, en la misma cuenta del banco BASA, aparece una disponibilidad de G. 807.094.113, monto aún inferior al depósito original y por el que hasta ahora solo se usó G. 27.000 millones en pago de anticipos para las dos obras en ejecución. En el balance ya no aparecen fondos con la denominación G7, por G. 200.000 millones, de cuando el director de Administración y Finanzas de la Municipalidad era Wilfrido Cáceres, procesado por supuesto enriquecimiento ilícito.
