Pero la información estaba revestida de características peculiares, por eso las reacciones fueron diferentes según los sectores que la interpretaban.
Francisco Correa, un sicario colombiano, organizador del asesinato de Marcelo Pecci, en el marco del procedimiento de delación premiada declaró en su audiencia que los que ordenaron el crimen serían el ex presidente Horacio Cartes y Miguel Insfrán, como venganza por los negocios de ambos que el fiscal habría frustrado.
De manera inmediata, el aparato periodístico del cartismo se lanzó a menospreciar la gravísima acusación, pues provenía de un matón a sueldo cuya palabra no podía ser tomada en serio y que, en declaraciones previas, no había dicho lo mismo. El propio Cartes reaccionó en X, antes Twitter, estar “inmensamente indignado por una acusación infundada, claramente montada con el afán de perjudicarme”.
Algún que otro senador se prendió al argumento del “montaje”, aunque sin mucha coordinación ni convicción. El presidente del Congreso, Silvio Ovelar, dejó entrever que Estados Unidos podría estar detrás de esa acusación y Bachi Núñez apuntó a “políticos locales” de querer perjudicar a su líder, aunque sin poder precisar a quién se refería.
El resto de la prensa guardó prudencia. Lo prueba el hecho de que, pese al enorme peso de la noticia, en general la misma no ocupó las primeras planas de los periódicos. Es que había cabos sueltos, faltaba un móvil. ¿Por qué Cartes querría eliminar a Pecci? Hasta donde se sabe, las investigaciones del fiscal no perjudicaron sus negocios. Hasta donde se sabe, Cartes y Tío Rico no tenían vínculos y, según Álvaro Arias, abogado de este último, ni siquiera se conocían.
Pero, por otro lado, también quedan flotando cuestiones inquietantes. ¿Cuál sería el interés del sicario en involucrar a Cartes en esta trama sabiendo que una mentira anularía los beneficios recibidos hasta ahora por su colaboración con la Justicia? Y que, además, sería procesado por falso testimonio. La Fiscalía colombiana lo considera su testigo estrella justamente porque nunca mintió; todas sus delaciones fueron probadas. Pero la información que sostiene tener sobre la autoría moral del crimen de Pecci no es de fuente directa, proviene de quienes lo contrataron: los hermanos Ramón y Andrés Pérez Hoyos. Y precisamente ellos serán llamados a declarar en los próximos días. No se sabe qué van a decir. Por eso hay tantos nervios.
Se ha anunciado que el fiscal de Asuntos Internacionales, Manuel Doldán, viajará a Colombia para obtener mayores informaciones sobre el caso que afecta al ex presidente. Pero antes de partir ya mostró cuál será el talante: “El colombiano tiene en su cabeza una realidad distorsionada”. Dijo que recibió un mensaje de una alta autoridad colombiana a la que, “por respeto y discreción”, no puede mencionar, quien le dijo que el sicario repite lo que escucha en medios de prensa y sus teorías especulativas. Esta declaración tan temeraria molestó a la Fiscalía colombiana, pues descalifica sin ninguna solidez los elementos que llevaron a la condena de los autores materiales del asesinato de Pecci.
Frases de este tipo estarían bien en boca de Pedro Ovelar, abogado de Cartes, pero son absolutamente incomprensibles por parte de un representante del Ministerio Público. ¿Qué esperanza de encontrar la verdad podemos tener si, de entrada, se prejuzga y se cierran puertas de investigación?
La Justicia colombiana nos sorprende por su rapidez y eficiencia. Paso a paso, un complejo crimen transnacional fue aclarado y castigado hasta llegar a la etapa de los mandantes. Aquí entramos en territorio paraguayo, donde descubrimos una Fiscalía que marchó y lloró por Pecci, pero luego no hizo casi nada por investigar su asesinato. Su actitud ante este caso que involucra –o no– al verdadero poder del país revelará cuánto queda de institucionalidad. Hasta ahora no mostraron garra.
