El arzobispo pidió a los políticos que trabajen y ayuden a fortalecer la soberanía de la familia, desgajada y debilitada en su dignidad por la pobreza que la hace vulnerable.
El mensaje de Martínez fue rotundo: ‘‘La familia requiere del Estado oportunidades de empleo digno, con acceso a la vivienda, a la educación y salud de calidad, con seguridad y protección social. Esto exige apartarse de la corrupción, luchar contra la impunidad y comprometerse a trabajar por la vigencia del Estado social de derecho’’.
El cardenal recordó que la defensa de la vida y de la familia está respaldada en la Constitución Nacional y que su cumplimiento es responsabilidad y compromiso de quienes ocupan cargos públicos, que deben buscar el bien común’.
Un mensaje oportuno para los tiempos que vive el país, pues recalca la falta de coherencia de nuestra clase política que permanece desconectada de la verdadera realidad que vive la población.
Uno de estos aspectos y uno de los principales es la salud, que por la situación de precariedad menoscaba los derechos de la gente. En el Paraguay, lo que se destina a la salud pública es una vergüenza, es apenas el dos por ciento del producto interno bruto, cuando los requerimientos internacionales señalan que el mínimo debería ser el seis por ciento del PIB. Además, la población padece a diario la falta de insumos, medicamentos, camas de terapia o respiradores.
Es bien conocida asimismo la situación catastrófica de las escuelas públicas en las que los techos caen, las paredes están con grietas, las instituciones carecen de agua potable, energía eléctrica, conexión a internet o baños dignos para los niños y niñas.
La inseguridad afecta gravemente a la población, pues a diario se reportan casos de asaltos y agresiones contra los ciudadanos que se sienten desamparados por las autoridades. Es sabido en este punto que la violencia urbana que actualmente nos asola está relacionada directamente con el consumo de drogas; según datos oficiales, nueve de cada diez hechos de violencia son cometidos por menores de 25 años, consumidores de drogas. Dicen también que, entre en 70 y 75% de jóvenes que están violentando en las calles, lo hacen porque no tienen para su dosis. Este es sin lugar a dudas el resultado de un país desigual, en el que no se crean oportunidades para los jóvenes, una población mayoritaria que no tiene acceso a la educación ni al empleo.
Nuestra clase política decide ignorar el evidente aumento de la indigencia en las calles del país, un síntoma de la pobreza; la escandalosa situación de miseria y degradación en la que subsisten cientos de niños, adolescentes y adultos adictos plantea un grave problema social que sigue sin ser atendida por las autoridades del Gobierno.
Nos urge que la clase política recapacite y asuma sus responsabilidades, ya no bastan los discursos de campaña y las promesas para ganar votos, en cambio es necesario que se involucren en las necesidades de la gente que los eligió para, precisamente, resolver los problemas y lograr el bien común. Las autoridades deben defender la vida y la familia de todos paraguayos y no solamente beneficiar a sus hijos, obsequiándoles con cargos y salarios millonarios en el Congreso.
