El fiscal José Luis Casaccia, en contacto con radio Monumental 1080 AM, comentó cómo avanza la investigación de abuso sexual contra un niño de 8 años ocurrido en el baño de un colegio de Itapúa Poty, Departamento de Itapúa.
Los supuestos agresores son tres niños de 11 años.
Casaccia detalló que fue la maestra del pequeño que notó que tenía fiebre y lo derivan al centro de salud donde fue inspeccionado.
“La médica de guardia notó algunas agresiones y el niño le manifestó que había sucedido algo y allí se activó el protocolo correspondiente”, mencionó e indicó que luego de la inspección se constató rasgos de abuso sexual.
El mismo niño dijo que fue sometido sexualmente en el baño de la institución por tres alumnos de un grado superior.
“Esto es un tema un poco delicado y se evita dar datos que puedan revictimizar a la víctima y su familia”, sostuvo.
Al respecto, mencionó que la médica forense ya le manifestó la situación y en el transcurso de la mañana va a tener un informe de los daños físicos que sufrió la víctima.
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“Lamentablemente, el Código de la Niñez y la Adolescencia establece que los agresores no pueden ser sometidos penalmente, pero sí se establecen los mecanismos de tratamiento sociocultural y contención psicológica. Ahora son inimputables”, se explayó el agente fiscal.
Lo que la forense llegó a mencionar es que no es la primera vez que la víctima sufre abuso sexual.
En ese sentido, adelantó que se investigarán todos los aspectos del entorno familiar de los menores de edad implicados.
“Llama mucho la atención está situación disociativa de una conducta que puede reflejar algún tipo de trauma en el seno familiar, sobre todo en la familia de los agresores”, acotó.
“Los menores son inimputables, pero si hay responsabilidad de mayores con el tema del deber del cuidado, los padres sí son penalmente sancionables”, agregó el agente del Ministerio Público.
También, convocarán a otros testigos.
La identidad de la víctima y de los sospechosos se omite en cumplimiento del artículo 29 del Código de la Niñez y la Adolescencia, que prohíbe la publicación de datos que permitan identificar a los niños en situación de vulnerabilidad.
