Sonia Von Lepel, la saliente comisionada Nacional de Prevención de la Tortura, mencionó que el principal problema del sistema penitenciario sigue siendo el abuso de la prisión preventiva. Recordó los hechos en Academil, que revelaron “una pedagogía de la crueldad” en la formación militar.
–¿Cómo trabaja el MNP?
–El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura es un órgano extrapoder del Estado con 12 años de vida institucional y con varios ámbitos de intervención. El más conocido es el sistema penitenciario; sin embargo, el MNP, conforme a la ley, tiene mandato mucho más amplio.
Monitorea sin previo aviso, con acceso irrestricto, toda la información relativa a las personas privadas de libertad, es decir, específicamente por una orden o afectada en su libertad.
¿Cómo se entiende eso? Aquellas personas que de alguna u otra manera están voluntariamente allí, pero no sujetas. ¿Cuáles son? Los centros de formación policiales, los centros de formación militares, los hospitales psiquiátricos, los hogares de niños, niñas y adolescentes, los hogares de personas adultas mayores, los centros migrantes.
O inclusive espacios privados. Por ejemplo, los centros de desintoxicación, que hoy es una problemática.
–En las cárceles, ¿cómo es la apertura a los comisionados?
–En general, tengo que reconocer que no hay resistencia. Es decir, sí hay desconocimiento también, porque cuando llegas a un lugar muchas veces desconocen las facultades nuestras o nuestro rol, más cuando es una institución nueva, por ejemplo, en el sector privado, adultos mayores o centro de desintoxicación.
Pero, efectivamente, después de un diálogo, explicarle el alcance, generalmente podemos hacer el trabajo de monitoreo.
–¿Requieren de alguna orden para ingresar?
–Nosotros no necesitamos orden, porque la ley nos faculta. El MNP –como dice la ley– tiene las facultades de llegar sin previo aviso a los lugares y en esa línea también señala que tiene acceso irrestricto a toda la información relativa a esa persona que está en ese lugar.
El MNP cubre el derecho humano limitado en el ámbito de la prevención de la tortura, malos tratos o tratos, pena cruel e inhumana o degradante.
No es un órgano investigador, ni mucho menos de sanción. Nuestro trabajo es evitar que los hechos de tortura ocurran. Sin embargo, es muy complejo trabajar en lógica de prevención en este país y generalmente, muchas veces, en muchos de los casos llegamos después, esa es la realidad.
–Trabajó durante dos gobiernos. ¿Qué diferencia en cuestiones de tortura encontró?
–No sé si estoy en condiciones de hacer una separación entre uno y otro gobierno, pero sí puedo señalar que durante el gobierno de Mario Abdo tuvimos reuniones con el Poder Ejecutivo para plantear el fortalecimiento de carácter institucional, lo que hace al presupuesto, de tener un local propio y creo que tuvimos un trabajo de mayor fortalecimiento.
Y un aspecto muy positivo es que Mario Abdo Benítez, cuando ocurrieron los hechos en la Academil (2022), la línea del Poder Ejecutivo fue la apertura clara, abiertas las puertas.
Las Fuerzas Armadas son un órgano muy cerrado, históricamente no se caracteriza por el escrutinio y el control.
Yo me sentía bien como agente estatal y como defensora de que los derechos humanos puedan caminar por los pasillos de las Fuerzas Armadas, porque hay que reconocer que venimos de un gobierno dictatorial donde las Fuerzas Armadas tuvieron un rol protagónico y donde hubo una naturalización de la tortura como un mecanismo de sometimiento.
Y la apertura que tuvo en ese entonces el presidente, de que se facilite todo el trabajo de investigación, nos permitió encontrar información significativa.
Hicimos una sola pregunta: ¿Qué pensás de la tortura? Así, sencilla, que se le hizo a los aspirantes. Todos respondieron. Mujeres, varones, indistintamente, de forma confidencial y anónima.
¿Qué nos dio ese análisis? Que, efectivamente, hay una pedagogía de la crueldad en la formación militar.
El alumno de primer año te decía “tortura es aquello que no querría que me hagan”. Y a partir del tercer año decían: “Tortura es cuando vos no tenés la capacidad de soportar la presión física”. “La tortura no es tortura física, la tortura es siempre mental”. Y se va cambiando la lógica.
–¿Qué arrojó esa investigación?
–Nos permitió la llegada en los cuatro niveles. Después de ese informe, hicimos la presentación a las Fuerzas Armadas, que conformaron una mesa de trabajo y trabajaron en la modificación de su reglamento.
–Y respecto a este Gobierno, ¿qué encuentra?
–El Mecanismo Nacional hace más de 10 años viene trabajando en el tema penitenciario y viene colocando varias alertas al Poder Ejecutivo. Nuestra impresión en general es que, efectivamente, no logramos abordar con un plan, porque ¿cuál es el principal problema del sistema penitenciario? El abuso de la prisión preventiva.
El MNP hace días publicó que tenemos 20.000 personas privadas de libertad. Nosotros casi tenemos 1.000 ingresos al año. Sin embargo, no tenemos esa correlación de egreso de las cárceles.
O sea, aumenta y siempre es más y la gente que sale es mucho menor.
No hay ninguna disminución del abuso de la prisión preventiva.
–¿Continúa esa cultura de “si no está preso, no hay justicia”?
–Absolutamente. Tenemos una cultura que es secuela de la dictadura, una cultura de pretender resolver todo con el encierro, y el Estado no logra que la ciudadanía entienda el procedimiento, porque la gente cree que con la prisión preventiva se resuelve.
¿Cuál es el fin de la prisión preventiva? Asegurar que esa persona se someta al procedimiento, no puede constituir una sanción previa. Entonces, ahí hay un problema de comprensión y tenemos que hacer mucho trabajo, mucho trabajo comunitario, mucho trabajo de base.
Es un trabajo gigantesco de concienciación, de sensibilización, que la gente entienda efectivamente que el encierro en estas condiciones en nuestro país no ayuda y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados tiene un rol protagónico.
Hasta ahora no encontramos un solo juez que haya sido destituido por abuso de la prisión preventiva. Las veces que se destituye es porque le otorgó un arresto; generalmente en casos que guardan relación con casos más vinculados al tráfico internacional de drogas.
Sonia Von Lepel
Abogada por la UNA (2006), experta en derechos humanos, género, niñez y litigio estratégico.
Fue responsable de Vigilancia y Protección en la CDIA y abogada del área jurídica de la Codehupy.
Trabajó en el Ministerio Público y fue consultora para ONU Mujeres y PNUD.
También es autora de manuales y protocolos sobre violencia.
