La cárcel-mercado es un espacio donde todo tiene precio y casi todo puede negociarse. Desde el ingreso a un pabellón, una celda, un colchón, una llamada telefónica, un celular, una cerveza, marihuana, cocaína, crack, hasta las gestiones para conseguir una audiencia judicial. Es un lugar donde las reglas comerciales son claras y previsibles, mientras que los procedimientos judiciales son laberínticos, inciertos y muchas veces incomprensibles para quienes están privados de libertad.
Esta es una de las principales conclusiones de nuestras investigaciones etnográficas en las penitenciarías paraguayas, que venimos realizando desde 2005 y que recientemente sistematizamos con Roque Orrego en la revista científica Estudios paraguayos, de la Universidad Católica. Allí mostramos cómo las prisiones funcionan como mercados donde se comercializa incluso la supervivencia. No hablamos de hechos aislados de corrupción, sino de una forma de organización y gobierno penitenciario.
La cárcel-mercado tiene reglas, administradores, intermediarios y beneficiarios. Genera millones de guaraníes mensualmente, distribuidos entre distintos niveles de la estructura penitenciaria. También tiene una dimensión política pocas veces discutida. Históricamente, las direcciones penitenciarias han formado parte de la distribución territorial del poder entre caudillos regionales. Colocar a un hombre de confianza al frente de una cárcel puede significar controlar un importante espacio de recaudación.
El 18 de diciembre de 2023, el operativo Veneratio representó un punto de inflexión. El Gobierno anunció la recuperación de la soberanía estatal sobre Tacumbú, después de años de cogobierno y dominio territorial de organizaciones criminales. Fue una intervención de enorme impacto político e institucional. Parecía existir, finalmente, una decisión de disputar a las facciones el control efectivo de las penitenciarías.
Sin embargo, la cárcel-mercado demostró una extraordinaria capacidad de adaptación. Las denuncias posteriores sobre las comunicaciones de Armando Rotela desde prisión mostraron que el control físico no necesariamente elimina los mercados ilegales. En nuestros registros apareció incluso una modalidad más rentable: en lugar de vender teléfonos celulares, algunos funcionarios los alquilaban. El negocio cambiaba de forma, pero no desaparecía. La prohibición se convertía en otra oportunidad de recaudación.
Las nuevas penitenciarías, particularmente las trillizas, Martín Mendoza, Comple, en Emboscada y Minga Guazú, en Alto Paraná, representaban una posibilidad de romper con estas prácticas históricas. Su infraestructura, sistemas de vigilancia y protocolos debían impedir la reproducción del modelo de administración informal de las cárceles tradicionales.
Hasta ahora.
La fuga del 25 de octubre en Martín Mendoza y las irregularidades descubiertas posteriormente pusieron en evidencia que ni siquiera los establecimientos con sectores de máxima seguridad están inmunizados contra estas prácticas. Las sospechas de complicidad funcionarial, la existencia de espacios privilegiados y las fallas en los controles muestran que los muros, cámaras y puertas electrónicas resultan insuficientes cuando quienes deben garantizar la seguridad participan de circuitos de ilegalidad.
Hay un elemento particularmente significativo. La investigación alcanzó también a un oficial de la Policía Nacional, encargado de la inteligencia penitenciaria. En nuestros trabajos sobre prácticas policiales venimos registrando una expresión que sintetiza una forma de actuación institucional: la Policía hace plata de todo y en todo. Donde existe una actividad que permite obtener beneficios económicos, legales o ilegales, aparecen agentes dispuestos a participar del negocio.
Esto no significa que todos los funcionarios actúen de esa manera, sino que determinadas prácticas institucionales permiten convertir funciones públicas en oportunidades privadas de recaudación.
La cárcel-mercado no desaparece cambiando edificios, trasladando internos o incorporando tecnología. Su desarticulación requiere transformar las relaciones de poder, los mecanismos de nombramiento y los sistemas de control. Sobre todo, terminar con la utilización de las penitenciarías como espacios de recaudación política y económica.
Lo ocurrido en Martín Mendoza es grave, pero no puede desarticular el proceso de recuperación de la soberanía penitenciaria. Por el contrario, debe servir para profundizar las reformas y enfrentar las estructuras que reproducen la cárcel-mercado. Todavía es posible construir un sistema donde el Estado gobierne efectivamente, las personas privadas de libertad accedan a sus derechos sin comprarlos y las cárceles dejen de ser escritorios del crimen organizado para convertirse en centros de rehabilitación y tratamiento penitenciario.
