La imputación había sido presentada el pasado 18 de febrero por la agente fiscal Ingrid Cubilla, por supuestos hechos de tenencia y comercialización de drogas, ante la jueza de Crimen Organizado, Rosarito Montanía, ahora interinada por Estigarribia.
El ahora procesado se dedicaba a la representación de futbolistas y también llegó a ser gerente deportivo del Club Rubio Ñu de Asunción. El hombre estaba prófugo hace varios meses y fue localizado en su vivienda ubicada en el barrio Santa Lucía.
Presuntamente, el mismo era secretario del también procesado en la causa, el uruguayo Sebastián Marset, quien actualmente se encuentra detenido y procesado en los Estados Unidos.
Según dicen, el mismo sería integrante de una estructura criminal dedicada a asegurar el ingreso ilícito de cargamentos de cocaína al territorio paraguayo, es así que, una vez introducida la sustancia al país, la organización procedía a su acopio, fraccionamiento, redistribución y posterior comercialización en nuestro país.
Conforme con la imputación, la estructura delictiva, si bien operaba desde territorio nacional, mantenía vínculos directos con ciudadanos extranjeros radicados en países productores de cocaína, tales como Bolivia, Perú y Colombia, con quienes establecía contactos y acuerdos destinados a asegurar el ingreso ilícito de cargamentos de cocaína al territorio paraguayo.
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Alega la Fiscalía que una vez introducida la sustancia al país, la organización procedía a su acopio, fraccionamiento, redistribución y posterior comercialización. Asimismo, se atribuye que la asociación contaba con una estructura jerarquizada y funcionalmente organizada, cuyos líderes impartían directivas incluso encontrándose privados de libertad en distintos establecimientos penitenciarios del país.
La fiscalía requirió la prisión preventiva del mismo, mientras que el abogado David González, defensor del encausado requirió el arresto domiciliario con el uso de la tobillera electrónica para el mismo. Ofreció también un inmueble valuado en 286 millones de guaraníes, como caución real.
El magistrado tuvo en cuenta el peligro de fuga y de obstrucción de las investigaciones, ya que los cargos de tráfico ilícito, asociación criminal y comercialización de drogas, tiene una pena que podría superar los 15 años de encierro.
Con ello, al cumplir con los requisitos legales, el magistrado extinguió el estado de rebeldía y decretó la prisión preventiva del encausado, quien deberá guardar reclusión en el Centro Nacional de Prevenidos, ex Tacumbú.
El mismo fue aprehendido en estos días por los agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), quien tenía orden de captura dictada en la citada causa.
