El informe de la intervención, además de descubrir compras irregulares y el desvío ilegal de G. 512.000 millones, revela que ni siquiera el listado de bienes de uso de la Municipalidad se encuentra en regla. “Se ha evidenciado la existencia de siete títulos pertenecientes a la Municipalidad de Asunción que no están registrados”, dice la parte II del documento.
Entre los inmuebles se citan el Policlínico Municipal, el Centro Paraguayo-Japonés, el Mercado de Abasto, Isla Parque Industrial I y II, el Parque Caballero y la Terminal de Ómnibus.
El equipo de la intervención accedió a un documento de la Contraloría General de la República (CGR) en donde se registra la existencia de un memo auditor en el que se indica lo siguiente: “Los inmuebles detallados están incluidos en el listado general remitido por esta dirección”.
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No obstante, en el informe de la intervención se indica que “no se ha visualizado dicha documentación que demuestre que los inmuebles mencionados se encuentran incluidos en el listado de bienes de la Municipalidad de Asunción”.
Esta falta de documentación va contra la Ley N° 1535/99 de Administración Financiera del Estado, que en su artículo 56, según el informe, establece que se debe mantener actualizado el inventario de los bienes que conforman el patrimonio, así como la documentación que acredite su dominio conforme con la ley y la reglamentación.
También se menciona en el informe el inciso c de dicho artículo, que indica que “las transacciones o hechos económicos se registrarán de acuerdo a su incidencia en los activos, pasivos, gastos, ingresos o patrimonio, de conformidad con los procedimientos técnicos que establezca la reglamentación”.
Esta falta de gestión de los bienes también incumplió el Manual de Normas y Procedimientos de los Bienes del Estado, según el informe.
En el capítulo 2 del documento se señala que las operaciones patrimoniales serán registradas permanentemente, en función de “establecer las transacciones entre inventario y las cuentas contables, y controlar el movimiento de los bienes patrimoniales, con el fin de precisar las informaciones actualizadas del inventario de la entidad, con los valores que arrojen las cuentas de modo que coincidan con las cuentas contables”.
Finalmente, el equipo interventor recomienda a la Municipalidad que actualice los registros de inmuebles en el inventario general, y que inicie una “amplia auditoría técnica, documental y procesal interna, a fin de individualizar a los responsables de las posibles faltas detectadas y aplicar las sanciones correspondientes”.
¿Dónde está la plata?
Unos G. 18.000 millones que formaban parte del bono G7 (G. 200.000 millones), emitido el 2 de febrero de 2021, se debían usar para la revitalización de la Estación de Buses de Asunción. Los fondos fueron reprogramados por Nenecho para la reparación de calles. Esta operación, según el edil Álvaro Grau, fue ilegal, atendiendo a que no se contó con el aval de los tenedores de bonos.
Las empresas Construcciones y Viviendas Paraguayas SA, y Constructora Feldmann SA fueron adjudicadas cada una con G. 9.000 millones para la obra de mejoramiento de calles, según informaciones de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.
Entre las obras contempladas por los contratos firmados con las empresas, se citan el levantamiento y reposición de tapas de registros cloacales, válvulas de agua corriente, remoción y reposición de empedrado, pavimento tipo empedrado, remoción y fresado de pavimento asfáltico, bacheo profundo, regularización asfáltica, entre otros trabajos.
Hasta el momento no se realizó ningún pago a las empresas contratadas. Además, el dinero del bono G7, que debía invertirse también en obras de Itá Pytã Punta y el Mercado 4, se esfumó de las cuentas bancarias que se rinden en los últimos balances de la Municipalidad.
