La resolución, con númeración 2011/2023, no solo sugiere que los datos de los contribuyentes pueden incluirse en varios burós de información habilitados en el país, y también pueden ser usados para “cualquier otro fin permitido”.
El concejal Álvaro Grau expuso este documento durante la última sesión de la Junta Municipal, donde criticó el hecho de que se tratara de una resolución antigua, que ni siquiera pasó por el visto bueno del cuerpo colegiado comunal.
“El problema es que desde el ‘vamos’ esto está mal. Porque es ilegal e inmoral. Y con esto, el intendente busca implementar un relato de que la ciudadanía es la culpable de las deudas y el estado de la ciudad”, criticó el edil minutos antes de que los concejales aprobaran el convenio marco suscripto entre la Municipalidad de Asunción y el Buró de Información Comercial Sociedad Anónima (BICSA).
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El referido documento, emitido el 25 de octubre de 2023, considera que “es necesario contar con la autorización del contribuyente” para su inclusión en las listas de “los burós de información crediticia”.
Esta operación, de acuerdo a lo expuesto en la resolución, “generará indirectamente mayor concienciación en cuanto al cumplimiento de las obligaciones tributarias”.
Entre las consideraciones, también se tiene en cuenta la ley 6534/2020, de Protección de datos personales crediticios, que señala que “toda persona tiene derecho a ser informada en forma expresa y clara sobre la finalidad que se dará a los datos personales requeridos sobre ella”.
La resolución da cuenta de que “el tratamiento y la cesión de datos personales son ilícitos cuando el titular de los datos no hubiere prestado su consentimiento libre, expreso y consciente”.
Expertos en informática y derecho cuestionaron esta medida, porque podría violar la ley en caso de no contar con dicho consentimiento de la persona.
El experto en ciberseguridad, Miguel Ángel Gaspar, ya había remarcado que esta operación “pone en riesgo la soberanía digital de los contribuyentes”.
Se le pide a la ciudadanía un cheque en blanco para que firme una autorización para que incluso los burós puedan volver a vender esa información.
El documento de la resolución incluye un ejemplo de cómo sería el texto de autorización que sería presentado al contribuyente a la hora de gestionar sus pagos.
En el apartado se declara que “la presente autorización incluye, además, la posibilidad de consultar, verificar la información a través de los burós de información crediticia, consulta por parte de otros usuarios de información aquí provista, así como cualquier otro fin permitido, incluyendo la prospección digital, análisis de riesgo”.
"¿Cómo puede el contribuyente asumir una plena conciencia de lo que firma?”, cuestionó el concejal Grau y apuntó que la firma permitiría que los datos personales transiten y se utilicen para “cualquier otro fin permitido”.
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“Se le pide a la ciudadanía un cheque en blanco para que firme una autorización para que incluso los burós puedan volver a vender esa información, cuando ni siquiera el municipio puede ser cliente o firmar un convenio porque la ley así lo prohíbe”, objetó.
Remarcó, además, que “se está obviando de que la ciudadanía también tiene derecho a negarse”, y que esta nueva operación supondría “algo inducido”.
Otra de las recientes críticas en contra de esta operación apunta a que la misma Municipalidad de Asunción, de acuerdo a la referida ley de datos personales crediticios, “no puede ser usuario de ningún buró de crédito”, según el edil, al menos, si se tiene en cuenta que la reglamentación especifica que los usuarios de los burós solamente podrán ser sociedades de información crediticia, como mutuales, casas de préstamo, casas de empeño o empresas que se dediquen a la venta de crédito.
El presidente de la Junta Municipal, Luis Bello, dijo a Última Hora que “solamente las personas que firman su consentimiento, o las personas que hayan sido demandadas judicialmente pueden ingresar” en la lista de BICSA.
Enfatizó que se trata de un plan de acción de “búsqueda de reducción de morosos dentro de la Municipalidad”.
