La fiscala Ingrid Cubilla se refirió al caso de presuntas filtraciones al ex diputado Eulalio Lalo Gomes, fallecido el 19 de agosto de 2024 durante el operativo Pavo Real II.
Tras la detención de las cinco personas imputadas formalmente por el Ministerio Público, la agente indicó que se trata de una investigación inicial.
“Estamos en pleno proceso de formalización, estamos en una etapa de colectar informaciones que puedan corroborar o no los elementos que fueron inicialmente colectados. Cada pedido de informe debe ser cuidadosamente solicitado para no levantar el sigilo que requiere una investigación de esta naturaleza”, expresó ante la consulta de procesar a más funcionarios con altos cargos.
En la imputación por los chats filtrados se menciona una conversación telefónica que el ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Jalil Rachid, mantuvo con Lalo Gomes el 10 de febrero de 2024. Se cree que “hablaron largo rato”.
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Con la recolección de más datos, el equipo fiscal busca no solamente vincular con la sospecha inicial, “sino establecer todo el contexto que se construye alrededor de estas personas que estaban vinculadas a la Secretaría Nacional Antidrogas”, señaló.
Las imputaciones a personas identificadas se dieron porque los elementos de sospecha sí cumplieron con el rigor y los estándares para la apertura de una causa penal, de acuerdo con Cubilla.
Se trata de Helga Lyzani Solís Gomes, sobrina de Lalo y ex asistente fiscal; Aldo Óscar Pintos, coronel de las Fuerzas Armadas de la Senad; Cristian Amarilla, director de Inteligencia de la Senad; Alicia Marlene Vázquez, jefa del Departamento de Investigación contra el Crimen Organizado de la Senad, y Hugo Derlis Baptista, primo hermano de Lalo y director general.
Este último se presentó alrededor de las 06:30 de este viernes en compañía de su abogado.
Sobre las cinco personas procesadas, la fiscala describió que todas ellas ocupan cargos importantes, cargos de decisión y, sobre todo, de acceso a información confidencial.
“Ahí es donde hay que evaluar si las condiciones en que este acceso a la información forman parte de conductas individuales o hay otras personas involucradas”, explicó.
“Quiero ser bien cuidadosa, en el sentido de explicar que estamos en una etapa de corroboración de la sospecha inicialmente atribuida, pero que esto es apenas el punto de inicio en donde estamos colectando, incorporando más información que pueda romper esa sospecha o confirmarla y al mismo tiempo incorporar información adicional”, continuó.
Ante las declaraciones de Rachid, quien aseguró que las imputaciones contra altos mandos antidrogas “forman parte de un golpe a la institución”, Cubilla respondió que “cada agente fiscal es autónomo y al mismo tiempo responsable por las decisiones que toma, firmando sobre todo”.
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“Esta decisión tiene una connotación porque estamos hablando de personas vinculadas a estructuras de poder, a instituciones con las cuales trabajamos día a día en la lucha contra el narcotráfico, contra el crimen organizado”, subrayó.
No obstante, rechazó que las actuaciones del Ministerio Público sean en contra de la institución.
“Como equipo de fiscales estamos estableciendo sospecha con base en personas específicamente identificadas y eso de ninguna manera es una actuación o atribución fáctica contra una institución”, sostuvo.
Cubilla agregó que el Ministerio Público, como actor principal de persecución penal, debe cumplir su finalidad y su mandato constitucional. La Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico y Crimen Organizado se caracteriza por tratar de superar ese rango de sospecha para formular una imputación fiscal.
“Esta es una atribución fáctica, una formalización de proceso en relación con personas específicamente identificadas, y eso exige que todos los autores involucrados en lugares de decisión asumamos en consecuencia”, concluyó.
