Benigno Ávalos dijo que no sabe leer ni escribir, pero entiende lo que su comunidad necesita para seguir existiendo, que es la tierra propia, los servicios básicos y un lugar digno donde vivir.
Desde la comunidad indígena Qom Tooshe Qáltaq, ubicada a la altura del kilómetro 122 de la ruta PY12, en el Departamento de Presidente Hayes, el reclamo vuelve a dirigirse al Gobierno Nacional.
Envían un mensaje al presidente Santiago Peña: “Necesitamos que nos compren la tierra”.
La comunidad habita desde hace más de 40 años al costado del camino, en la franja de dominio de la ruta, expuesta a condiciones precarias y sin acceso pleno a servicios esenciales.
Para sus pobladores, la tierra no representa solamente un espacio físico, sino la base de su vida, su cultura, su organización comunitaria y su supervivencia como pueblo.
“Para nosotros, la tierra es la vida. Pero nos dicen que no hay presupuesto, pero el asfaltado sigue avanzando mientras nosotros seguimos sin servicios básicos”, expresó Ávalos, al cuestionar la falta de respuestas concretas por parte del Estado.
El avance de las obras viales en la zona vuelve aún más urgente el reclamo, mientras la ruta progresa, la comunidad sostiene que sus necesidades históricas siguen postergadas: vivienda digna, agua, salud, educación y seguridad territorial.
Nota relacionada: Los Qom Tooshe Qaltaq exigen tierras tras cuatro décadas de espera al costado de la ruta PY12
Los pobladores insisten en que la compra de tierras en el mismo territorio donde se encuentran asentados es la única salida real para garantizar su permanencia y evitar nuevos desplazamientos.
Para ellos, no se trata de una ayuda ocasional, sino del cumplimiento de un derecho largamente esperado.
La situación de los Tooshe Qáltaq expone una deuda histórica con los pueblos indígenas del Chaco paraguayo, tras cuatro décadas de vivir al margen de una ruta.
Su pedido es urgente y claro: Que el Estado compre las tierras para la comunidad antes de que el avance de las obras deje nuevamente atrás a quienes llevan años esperando una respuesta.
Además, la Constitución Nacional reconoce el derecho de los pueblos indígenas a la propiedad comunitaria de la tierra y establece que el Estado debe proveerlas gratuitamente en extensión y calidad suficientes.
