La crítica situación de la comunidad indígena Qom Tooshe Qaltaq volvió a ser tratada este martes en la Comisión de Pueblos Indígenas de la Cámara de Diputados.
Del encuentro participaron el titular de la comisión, diputado Pastor Vera Bejarano; autoridades del Instituto Paraguayo del Indígena, encabezadas por su presidente Hugo Samaniego; y representantes de la Coordinadora de Líderes Indígenas del Bajo Chaco.
La comunidad vive desde hace alrededor de 40 años al costado de la ruta PY12, a la altura del kilómetro 122, en condiciones precarias y sin acceso seguro a tierra propia.
Según denunciaron sus líderes, mientras avanzan las obras de asfaltado en la zona, las necesidades básicas de las familias indígenas siguen sin una respuesta definitiva.
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El líder de Tooshe Qaltaq, Eustaquio Ávalos, manifestó que la comunidad exige la compra inmediata de tierras, pero aclaró que la adquisición debe realizarse en el mismo territorio donde actualmente se encuentran asentados.
De no obtener una solución, advirtió que iniciarán medidas de fuerza, incluyendo el cierre de ruta.
Desde la Coordinadora de Líderes Indígenas del Bajo Chaco (CLIBCh), su presidente Martín Rojas y el líder Gabriel Fernández señalaron que el acceso a la tierra no debe ser tratado como una simple petición, sino como un derecho fundamental que el Estado paraguayo tiene la obligación de garantizar.
La organización Tierraviva, que brinda apoyo técnico a la CLIBCh, reafirmó que la prioridad absoluta es asegurar la tenencia de tierras para la comunidad, considerando que se trata de una condición esencial para la vida, la dignidad, la salud, la educación y la vivienda de las familias.
Los referentes indígenas también cuestionaron que las obras viales impulsadas por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, avancen sin resolver previamente la situación territorial de la comunidad indígena.
Para los líderes del Bajo Chaco, el caso de Tooshe Qáltaq representa una deuda histórica del Estado con los pueblos indígenas. Tras cuatro décadas de espera, sostienen que ya no hay margen para nuevas postergaciones y reclaman ante las autoridades una respuesta urgente, concreta y respetuosa de sus derechos.
