El informe anual de gestión 2020 del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura se presentó el viernes, resaltando preocupaciones en la garantía de los derechos de las personas en situación de encierro y el abuso en el desempeño de las fuerzas públicas en el marco de la emergencia sanitaria debido a la pandemia del Covid-19.
Asimismo, el documento señaló que se triplicó el número de muertes bajo custodia entre 2013 y 2019, refiriéndose a la personas privadas de libertad fallecidas en las cárceles.
En ese sentido indicó que en ese periodo se registraron 392 fallecimientos en total, de los cuales 379 eran hombres, 12 mujeres y una persona trans. En los penales donde más decesos se produjeron son en los más poblados históricamente y las que crecieron en cantidad de personas alojadas.
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Entre estas citan a las penitenciarías de Tacumbú, Ciudad del Este, de Alto Paraná; en el Centro de Rehabilitación Social (Cereso), de Itapúa; Coronel Oviedo, de Caaguazú; y en Misiones.
De acuerdo con el informe, a partir del 2019 se comenzaron a registrar las muertes por omisión en las medidas de seguridad preventiva y la violencia entre personas privadas de libertad, lo que supera a la cantidad de muertes ocurridas por cuestiones relacionadas al derecho a la salud.
El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura observó con preocupación dicho aumento con relación a la responsabilidad del Estado.
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En su informe también reflejó la falta de acceso a la Justicia por parte de los internos con respecto a las audiencias telemáticas que se empezó a implementar en las cárceles por las medidas sanitarias de la pandemia.
Apuntó que no son realizadas en las condiciones ni la tecnología adecuada, y que las audiencias virtuales -incluso en juicios orales- están hechas de mala manera, perdiéndose así el principio de la inmediación y de que sean públicas las audiencias e implicaron una merma importante en el derecho a la defensa.
Entre otras cosas, el MNP también destacó que la tasa penitenciaria de mujeres en prisión va en descenso desde hace cinco años.
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Reportó con base en datos del Ministerio de Justicia que el 2020 cerró con 742 mujeres privadas de libertad, frente a 880 del año 2018 y alrededor de 922 en el año 2019.
En los últimos tres años se viene registrado violencia extrema en el sistema penitenciario del país, que además se encuentra en pésimas condiciones, debido al hacinamiento.
Tan solo el mes pasado siete internos murieron en motín de presos en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú. Tras la masacre, el Ministerio de Justicia emitió una alerta máxima en las cárceles de todo el país.
