Sucesos

Hacia una reforma penitenciaria en Paraguay

 Por Antonino De Leo y Jan Jarab*

La reciente tragedia en la cárcel de Tacumbú, que arrebató la vida a siete personas privadas de libertad, exige que el Ministerio Público realice una investigación ejemplar para esclarecer la participación que pudieron tener en lo ocurrido no solo bandas del crimen organizado, sino también el personal penitenciario. Por ello resulta tan alentador el anuncio, por parte de las autoridades, de que será aplicado el Protocolo de Minnesota sobre la Investigación de Muertes Potencialmente ilícitas, en aras de un proceso eficaz en pro del esclarecimiento de los hechos y la determinación de responsabilidades.

Desde una mirada más amplia, Tacumbú volvió a enrostrarnos los problemas crónicos del sistema penitenciario paraguayo, donde cerca de un 70 por ciento de la población penal se encuentra en prisión preventiva –uno de los más altos porcentajes de América Latina–. Como en muchos países, en Paraguay también asistimos a una “normalización” del hacinamiento, que opera a la vez como causa, síntoma y consecuencia de su profunda crisis carcelaria. De hecho, un sector de la población privada de libertad (como los “pasilleros” de Tacumbú) ni siquiera cuentan con espacios mínimos de habitabilidad como celdas o pabellones, sino que deben vivir en espacios comunes y de tránsito.

El hacinamiento carcelario en sí mismo puede constituir una forma de trato cruel, inhumano y degradante. Además de generar tensiones entre las personas privadas de libertad e incrementar los niveles de violencia, la sobrepoblación también impide disponer de condiciones mínimas de habitabilidad, facilita la propagación de enfermedades, favorece la corrupción y dificulta el acceso a oportunidades de estudio y trabajo. A esto se suma la falta de un efectivo control por parte de la autoridad penitenciaria, provocando niveles alarmantes de cogobierno al interior de las cárceles.

En esa línea, varios mecanismos internacionales de derechos humanos han llamado a tomar medidas para reducir y mitigar las consecuencias de la sobrepoblación en las cárceles de Paraguay. El hacinamiento es un fenómeno multidimensional y los diversos factores que contribuyen a su existencia tienen un efecto acumulativo.

Se convierte en un obstáculo para alcanzar los fines de rehabilitación y reinserción que la pena privativa de libertad debe cumplir. O, dicho de otro modo, la crisis del sistema penitenciario no solo afecta a las personas privadas de libertad, sino a toda la sociedad, afectada por la debilidad de los programas que no logran reducir la reincidencia delictiva, lo que impacta en forma negativa en los niveles de seguridad pública.

Por ello, las soluciones para el sistema penitenciario deben ser integrales e incluir la implementación de una política penal de ultima ratio, la reducción de la prisión preventiva, un mayor uso de medidas sustitutivas a la prisión, la modernización de las políticas relacionadas a delitos por drogas y la implementación de programas eficaces para prevenir la reincidencia delictiva.

El Manual sobre Estrategias para Reducir el Hacinamiento en las Prisiones de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), por ejemplo, ofrece un cuadro completo de instrumentos prácticos para el desarrollo de estrategias, políticas y programas que podrían ser de inspiración para las autoridades nacionales en Paraguay.

Además de mostrarnos una vez más la realidad de las cárceles del país, la tragedia de Tacumbú dio sentido de urgencia a la necesidad de impulsar en Paraguay una reforma integral hacia un sistema de privación de libertad acorde con los estándares internacionales de derechos humanos y de gestión penitenciaria. En esa transformación, el Estado paraguayo puede contar siempre con la experiencia internacional y la asistencia técnica de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

*Antonino De Leo es representante regional de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Jan Jarab es representante de la Oficina para América del Sur del Alto Comisionado de los Derechos Humanos.

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