Para evitar la suspensión de las obras del Metrobús, el ministro de Obras Públicas, Arnoldo Wiens, y el representante de la firma constructora, Joao Figueredo, firmaron un acta de entendimiento.
La institución estatal se comprometió a honrar los pagos dentro de los plazos contractuales establecidos y a regularizar los certificados de pago provisional, de acuerdo con el documento publicado en la tarde de este domingo en su cuenta oficial de Twitter.
Se establecerá una mesa técnica con todos los actores, incluidos el interventor y gerente del proyecto, para mantener reuniones semanales a fin de canalizar los reclamos y buscar soluciones.
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El Ministerio de Obras Públicas también realizará gestiones urgentes ante la Municipalidad de Asunción para el otorgamiento de los permisos de construcción y la elaboración de un cronograma de liberación de franja que garantice el acceso al lugar de obras.
La empresa Mota Engil, adjudicada para los tramos 2 y 3 del corredor central del Metrobús, extenderá por 46 días la prórroga del preaviso de suspensión de las obras, que fue anunciada el pasado 13 de agosto y debía concretarse este lunes.
Cuando entregó su preaviso sobre la suspensión de las obras, la firma argumentó no tener acceso al 60% de la zona de obras y la falta de pago de unos USD 80.000 por parte del MOPC.
Conflicto de larga data
Hace cinco meses se presentó un altercado entre la firma portuguesa Mota Engil y los frentistas, con relación al atraso de las expropiaciones de los tramos 2 y 3 (en Eusebio Ayala y Mariscal Estigarribia).
Los pobladores afectados por las obras habían denunciado que no recibieron ninguna indemnización. El MOPC debía otorgar como anticipo hasta un 20% de los USD 12 millones previstos para expropiaciones.
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Incrementos
El costo de las obras ya registró un sideral incremento de G. 103.483 millones; 35% más respecto al monto que adjudicó Obras Públicas. Se adjudicó a Mota Engil por G. 300.417 millones (USD 54 millones al cambio actual), pero el proyecto terminará costando G. 403.900 millones (72,7 millones).
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El contrato de fiscalización también tuvo un incremento de 33% respecto al costo inicial. El MOPC otorgó esta parte al consorcio español-chileno conformado por las firmas Typsa, Incosa e Ingeneg, por G. 16.320 millones; pero este monto ya repuntó ahora a G. 21.638 millones, es decir, 5.318 millones más, según los registros.
