La Cámara de Senadores dio media sanción a la eliminación del artículo 52 de la ley de Alianza Público Privada, que otorgaba poderes extraordinarios al presidente de la República, Horacio Cartes, a la hora de concretar concesiones con empresas extranjeras.
El cambio se aprobó durante una maratónica sesión realizada este jueves, cuyo debate giró en torno a la derogación a favor de la normativa y en contra. También se dio en medio del enfrentamiento político entre los colorados oficialistas y disidentes.
Esta decisión no cayó bien en filas del Gobierno y del sector empresarial, que no ahorraron críticas hacia los senadores al momento de referirse al tema. “Creo que es un retroceso y evitará realizar con prontitud obras de infraestructura necesarias para el país”, expresó el ex ministro de Hacienda, César Barreto, a la 780 AM.
También entiende que hay sectores que rechazan la normativa por cuestiones ideológicas, pero “otras lo hacen por cuestiones inentendibles y raras”, señaló.
Eduardo Felippo, titular de la Unión Industrial del Paraguay (UIP), dijo sentirse con rabia por la decisión de la Cámara Alta. Lamentó que el esfuerzo realizado para estar en la mira de los inversionistas se viera afectado por cuestiones internas partidarias.
Incluso, fue más duro al decir que esta situación pone a Paraguay como un “país de la joda” porque se modifican leyes aprobadas recientemente. Para el gremialista, la ley de APP es una herramienta de trascendencia internacional y critica que políticos antepongan sus intereses a los del país.
“El daño causado por el Senado ya es irreversible e irreparable. El extranjero que leyó esto se preguntará si Paraguay es serio o no. Inversionistas se preguntarán qué garantías tendrán sus inversiones si ante cada elección cambian las reglas de juego”, expresó tajantemente.
El mismo presidente del Senado, Blas Llano, tampoco se mostró a favor del cambio que tomaron la mayoría de sus colegas. Insistió en que el país necesita desarrollarse con obras de infraestructura y que los recursos genuinos son insuficientes ya que el 85% son gastos rígidos.
Mientras que el ministro de Obras Públicas, Ramón Jiménez Gaona, sostuvo que la Cámara Alta aplicó un duro golpe al proceso de desarrollo del país y también criticó que se esté en contra de los intereses de la República.
En ese mismo tenor habló el canciller nacional, Eladio Loizaga, quien manifestó que el cambio es “un puñal en el corazón del proyecto de desarrollo del país”. A esto se suman las declaraciones anteriores del ministro de Hacienda, Santiago Peña, quien advirtió que las internas coloradas ponen en riesgo la sostenibilidad económica del Paraguay.
El escenario político cambiante
La ley de Alianza Público Privada fue una de las primeras leyes económicas impulsadas por el presidente de la República, Horacio Cartes, y rápidamente sancionada por el Congreso en los primeros meses de su gestión, en el segundo semestre del 2013.
En aquel tiempo, el mandatario gozaba de una estabilidad en ambas Cámaras legislativas, por tener la fidelidad de todas las bancadas del Partido Colorado.
Esta normativa, básicamente, apunta a que el sector privado pueda invertir en obras o servicios que hoy están con exclusividad en manos del Estado. Sin embargo, desde el inicio fue criticada por varios sectores al considerarla como una forma de entrega del patrimonio y la soberanía.
La interna colorada dio un giro radical en el escenario político y su división permitió conformar una bancada de disidentes en la Cámara Alta, compuesta por 15 senadores. Ellos se sumaron a la multibancada opositora, compuesta por 12 legisladores, y acordaron algunos puntos en común, dando varios golpes al Ejecutivo con sus decisiones.
Una de las críticas del Senado a la ley de APP radica en que fue aprobada a sabiendas de que saca atribuciones al Congreso en lo que concierne al control que le confiere el artículo 202 de la Constitución Nacional.
Esperan rechazo en Diputados
El ministro de Obras Públicas, Ramón Jiménez Gaona, refirió que intentarán que la sensatez y la inteligencia imperen en la Cámara de Diputados para que la modificación sea rechazada. De hecho, esa Cámara legislativa tiene mayoría propia de diputados colorados fieles al jefe de Estado.
Incluso, en la sesión pasada ya se generó un amplio debate en el plenario de la Cámara Baja cuando el colorado Walter Harms hiciera mención sobre la intención de algunos senadores de modificar esta ley.
“Yo reclamo de la Cámara de Senadores, la seriedad y el patriotismo para entender que nuestros intereses personales no tienen por qué contaminar un ambiente donde hoy el Paraguay tiene la esperanza de vida mejores para sus hijos”, aseveró Harms.
Sus correligionarios se unieron a su postura y anunciaron que harán valer su mayoría para rechazar las modificaciones a lo que consideran “la ley más importante que sancionó el Congreso”.
