“Las muertes de Yhapo deben ser investigadas bajo estándares de derechos humanos”, se titula el comunicado emitido por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), con relación al operativo empleado por la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) que derivó en el fallecimiento de dos abatidos y levantó una serie de sospechas sobre la hipótesis de que se trataba de integrantes de la facción criminal liderada por Felipe Santiago Acosta, alias Macho.
“Con creciente preocupación observamos el apartamiento de las fuerzas de seguridad, en especial de la Senad, de los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad en el uso de las armas de fuego, tal como se evidencia en el accionar de los agentes especiales de esta secretaría dependiente del Poder Ejecutivo”, señalaron en el comunicado, en el que se menciona el saldo de fallecidos de la comunidad indígena Yhapo 4, en el Departamento de Canindeyú.
Además, por la gravedad de los hechos denunciados y la información que tomó estado público, instaron a las autoridades competentes a garantizar que los procedimientos de intercepción y empleo de la fuerza letal cuenten con el debido control y la dirección de la Fiscalía, como de la autorización judicial pertinente para asegurar en todo momento el respeto de las garantías del debido proceso, protección de la vida, integridad personal y transparencia.
“El MNP cree apropiado que la investigación fiscal sea llevada adelante por la Unidad Penal Especializada de Derechos Humanos, teniendo presente que se podría estar ante hechos que se apartan del principio de legalidad, necesario para la actuación de cualquier funcionario del Estado, y que podrían constituir además de tortura, ejecución arbitraria y crímenes especialmente graves”, expresaron.
Asimismo, aludieron a la Constitución de la República para mencionar que se atribuye a la Policía Nacional el mandato exclusivo de la preservación del orden público, la seguridad interna y la prevención de los delitos; por esa razón, el MNP reiteró la necesidad de revisar la “legitimidad, legalidad y proporcionalidad” de las funciones de seguridad que se le otorgan a la Senad sin ser una de las fuerzas públicas ordinarias del Estado.
“El MNP insta a que los hechos graves que habrían ocurrido en el marco del operativo sean esclarecidos mediante una investigación independiente, objetiva y exhaustiva, que permita determinar las circunstancias y eventuales responsabilidades, garantizando la protección de las personas afectadas, sus familias y la comunidad indígena Yhapo”, acotaron.
