Esto, teniendo en cuenta que, según el estándar de derechos humanos de la Corte Interamericana, las instituciones penitenciarias deben proporcionar un mínimo de 7 metros cuadrados por persona, lo que equivale a una capacidad total de 4.310 plazas. Sin embargo, en Paraguay esta capacidad se ve superada en 14.451 personas, operándose al 808% de su límite, mientras que el parte diario del Ministerio de Justicia indica que, a enero de 2025, existen 18.764 personas privadas de libertad en el país, resultando en un índice de hacinamiento nacional del 435%.
Actualmente, las penitenciarías más críticas por la situación de hacinamiento son la de Villarrica (1.142%), San Pedro (1.105%), Ciudad del Este (966%), Emboscada (825%) y Tacumbú (409%), dice un informe del MNP.
Ante está situación, instan a los operadores del sistema de justicia a presentar acciones de tutela en favor de las personas privadas de libertad, de manera a que se limite el ingreso en condiciones inhumanas y degradantes a las penitenciarías saturadas. Además, recomienda “desarrollar un sistema de control de las medidas en libertad, que respalde la función jurisdiccional para aplicar medidas alternativas menos gravosas. Dado que se trata de un problema estructural, es fundamental asegurar un trabajo articulado de todo el sistema de justicia, con la implementación de planes a corto, mediano y largo plazo. El objetivo principal debe ser la reducción del número de privados/as de libertad sin condena, garantizando que la prisión preventiva se aplique únicamente como medida excepcional”.
