–Como miembro de la Comisión Legislativa sobre la mafia de los pagarés, ¿qué solución le pueden dar a las víctimas?
–Mi posición es clara. Esto es un problema político que debe resolverse con una respuesta política, no con parches judiciales. Las víctimas de la mafia de los pagarés fueron engañadas, perseguidas y, en muchos casos, empujadas a la desesperación. Quiero impulsar un proyecto que permita, previa verificación sumaria de la situación de cada afectado, suspender de inmediato las ejecuciones y embargos, evitando que las familias sigan perdiendo sus bienes mientras se investiga la red de estafa. La prioridad debe ser detener el sufrimiento y luego sancionar a los responsables.
–¿Cree que la Corte actúa acorde a la urgencia para resolver la situación de los afectados por la mafia de los pagarés?
–El Poder Judicial tiene sus tiempos. No es el que quisiéramos muchas veces. Dieron pasos importantes. Pero reitero esto amerita una solución política y ellos están para cumplir la ley. La ley la hacemos nosotros en el Parlamento. Si hay una decisión y voluntad política e interés real de solucionar puede sancionarse en menos de una semana como ocurre con algunos proyectos que vienen del ejecutivo.
–¿Correrá la propuesta de las víctimas contra los ministros?
–Comprendo el dolor y la impotencia de las víctimas, pero debemos evitar que la legítima indignación se traduzca en un proceso de juicio político que podría desestabilizar las instituciones. Hoy existen mecanismos legales y legislativos para intervenir sin romper el equilibrio republicano. Lo importante es garantizar justicia y reparación, no profundizar una crisis política. Para mí lo más urgente es parar con los descuentos.
–¿Y la respuesta que le da el Congreso a esta problemática de los pagarés? ¿Los proyectos de ley tardan meses mientras varias víctimas se suicidaron?
–Es una tragedia que nos duele a todos. Cada vida pérdida es una señal de que el Estado llegó tarde. Lastimosamente, muchas veces priman intereses personales antes que nacionales y generales. Nuestra propuesta concreta es establecer una suspensión inmediata de embargos y ejecuciones mientras se revisan los casos denunciados como fraudulentos. No hay excusas para seguir dilatando.
–¿Qué pasa con el proyecto de ley para suspender los embargos cuando no hallan los expedientes?
–Se me ocurre que la ausencia o pérdida del expediente suspenda automáticamente toda ejecución y embargo hasta tanto se reconstruya el proceso. No se puede castigar a la víctima por la negligencia o complicidad del sistema judicial.
–¿Esta ley promulgada por el presidente Peña sobre el tope de los descuentos va a traer algún alivio a las víctimas?
–Seamos sinceros. Es más de lo mismo. Es una norma con mucho ruido mediático, pero con poco impacto real en los bolsillos y en la vida de las víctimas. No ataca el corazón del problema: Las redes de abogados y prestamistas que manipularon el sistema judicial para enriquecerse. Lo que se necesita es una reforma estructural, que frene los embargos abusivos, que garantice auditorías judiciales y que castigue ejemplarmente a quienes se beneficiaron de esta estafa.
–¿Son factibles las soluciones que propone teniendo en cuenta la mayoría colorada en el Congreso de la nación?
–Y aprobar este tipo de leyes de urgencia respecto a estos casos es la brillante oportunidad que tiene el Partido Colorado de mostrar que le interesa la vida de la gente. Y la gente también podrá, una vez más, entender, ver y evaluar la voluntad política que tienen los decisores. Entonces, en ese contexto, es factible como dije más arriba. Es factible si hay voluntad política.
–¿Alguna vez se podría acabar con esta mafia, ya que es una corrupción ya instalada?
–Acabar con las mafias lastimosamente es imposible, lo que sí debemos hacer es fortalecer las instituciones, buscar mecanismos para disminuir y generar elementos y mecanismos de control que eviten, pero siempre habrá un persona con intereses oscuros.
