Este informe, publicado por la Universidad Internacional de Florida (FIU, en inglés) mostró a Ecuador, Brasil, Chile y México como los países en los que la población percibe al crimen organizado como el principal riesgo para su Estado, aunque las doce analizadas arrojaron altos porcentajes de preocupación al respecto.
Por orden, estas fueron: Ecuador y Brasil (4,8 sobre 5), Chile y México (4,7), Colombia, Paraguay y Perú (4,6), Panamá y Bolivia (4,1), Argentina (4), República Dominicana (3,8) y El Salvador (3,7), según los datos obtenidos de 765 encuestas realizadas a personas de diversos sectores y a 360 entrevistas en profundidad con expertos.
Aunque el informe destacó la última posición de El Salvador, sostuvo que el Gobierno de Nayib Bukele ha logrado reducir la violencia a costa de “suspender las libertades civiles”.
El aumento de la tasa de criminalidad también se mencionó como un riesgo importante en todos los países evaluados, con una puntuación media anual de 4,07 que lo sitúa en la categoría de Alerta.
“El crimen organizado no solo ha incrementado en expansión geográfica, sino que hay otros efectos muy importantes”, dijo a EFE el autor principal del estudio, Erich De La Fuente, profesor adjunto de Política y Relaciones Internacionales en FIU.
De La Fuente indicó que hoy en día hay que pensar en el crimen organizado como “empresas multinacionales” que combinan su actividad delictiva con otros negocios lícitos y cuya influencia va más allá de un solo país.
Así ha logrado tener acceso a las instituciones y socavar la confianza de la gente en la legitimidad de los gobiernos, lo que sugiere una reconfiguración global de la región.
Esta “red”, como la define el informe, ha creado una crisis estatal que solo puede ser combatida a través de los resultados que obtenga el Gobierno en materias como el desempleo o la lucha contra el crimen, dos de las principales preocupaciones en América Latina.
Además de la percepción sobre el crimen organizado, el informe también midió otros factores. En este sentido halló que, junto al mencionado declive de la confianza en los políticos, la polarización política persiste como una preocupación importante en toda la región.
En México, por ejemplo, la percepción de riesgo relacionado con la política aumentó hasta 4,13 puntos en noviembre, en comparación con los 3,79 puntos de junio.
Bolivia, México y Brasil registraron los mayores índices de riesgo mientras que Argentina y Paraguay los más bajos.
