20 may. 2024

Misión de la UE observó varias irregularidades en elecciones y emite recomendaciones

La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea evaluó el desarrollo general de las últimas elecciones como bueno o muy bueno en el 94% de las mesas observadas y calificó el proceso de transparente. No obstante, también denunció algunas irregularidades y emitió una serie de recomendaciones.

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Los interlocutores de la Misión expresaron una preocupación generalizada por que los recursos financieros procedentes del crimen organizado y el narcotráfico estuvieran financiando la campaña.

Foto: Renato Delgado.

El informe final de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE UE) recalcó que los partidos políticos estuvieron presentes en todas las mesas receptoras de voto observadas, siendo la Asociación Nacional Republican (ANR) la que tuvo mayor presencia.

Asimismo, señaló que en el 19% de las mesas receptoras de voto visitadas, los equipos de observación de la UE informaron de casos en los que el voto asistido se produjo en contra de las disposiciones legales.

Además, expuso que en otro 19% de las mesas receptoras de voto observadas, los observadores de la UE denunciaron actividades ilegales dentro del perímetro de 200 metros, como material y actividades de campaña, y la presencia de puestos de partidos.

Lea más: Observadores de la Unión Europea reportan voto asistido y compra de votos

“Más de la mitad de los equipos de observación contemplaron el transporte organizado de votantes en las inmediaciones de los locales de votación. La MOE UE observó directamente siete casos de compra de votos y cinco casos de indicios de compra de votos”, indica el informe.

EUEOM Paraguay 2023_Final Report_ES.pdf

Financiamiento del narcotráfico

Sobre el financiamiento, afirmó que en general se respetaron las libertades fundamentales y los candidatos pudieron hacer campaña sin restricciones.

En ese sentido, mencionó que los elevados costes de la campaña, tanto en las elecciones primarias como en las generales, hicieron que los candidatos recurrieran a actos de campaña menores y a las redes sociales.

“La ley prevé un subsidio electoral para las campañas, que solo se desembolsa después de las elecciones. Por ese motivo, la mayoría de los partidos y candidatos solicitan préstamos bancarios para poder financiar sus actividades de campaña y/o dependen de fuentes privadas”, explicó.

Nota relacionada: MOE de la Unión Europea dará informe final sobre elecciones

Sobre el punto, los interlocutores de la Misión expresaron una preocupación generalizada por que los recursos financieros procedentes del crimen organizado y el narcotráfico estuvieran financiando la campaña.

Ausencia de propuestas en redes sociales

La misión de la UE indicó que la campaña en las redes sociales también fue deslucida y que dos tercios de las publicaciones analizadas en todas las redes sociales no ofrecieron más que mera visibilidad de las candidaturas, mostrando vídeos o fotos de sus actos de campaña o detalles de sus vidas personales.

“Casi ninguno de los candidatos que compitieron en las elecciones presidenciales y al Senado mantuvo un discurso ofensivo persistente contra sus contendientes a través de sus cuentas oficiales en las redes sociales”, destacó.

Aunque la notable excepción fue Paraguayo Cubas, que hizo varios comentarios despectivos hacia sus oponentes, especificó.

Páginas de desinformación.

Los observadores también hicieron en hincapié en varias páginas formalmente no afiliadas a ningún candidato u organización política que pagaron propaganda política y lanzaron ataques contra los candidatos presidenciales. Entre estas páginas se encontraron Sucia Política, PY Elige, Se Van Paraguay, Mujeres Ganar y En La Tecla.

“La cantidad de propaganda política pagada en las redes sociales propiedad de Meta Platforms Inc. varió sustancialmente entre los candidatos presidenciales. Santiago Peña gastó dos veces y media más que Efraín Alegre, en tanto que la ley no regula el silencio de campaña en las redes sociales, por lo que los candidatos hicieron campaña en plataformas en línea”, individualizaron.

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Ausencia de debate en los medios

Otro de los puntos analizados fue la ausencia de debates en los medios de comunicación, donde la propiedad privada se concentra en tres grandes grupos mediáticos, cada uno de ellos con claras líneas editoriales políticas que dominan el tono de la cobertura dada a los diferentes candidatos.

Para los observadores, las elecciones presidenciales dominaron más de la mitad de la cobertura de la campaña electoral.

“Mientras que el Grupo Nación Media (La Nación) y Canal Trece fueron muy críticos con los candidatos de la Concertación, dándole en la mayoría de sus coberturas un tono negativo, Zuccolillo (ABC Color y ABC Cardinal) utilizó un tono negativo hacia los candidatos de la ANR - Partido Colorado”, exponen.

Por otra parte, los canales de televisión del Grupo Vierci (SNT y Telefuturo) ofrecieron una cobertura más equilibrada de los contendientes.

“La ausencia de debates presidenciales empobreció las discusiones sobre las futuras propuestas y políticas del gobierno, reduciendo la oportunidad de ejercer un voto informado. Misión de Observación Electoral de la UE”, remarcaron.

Recomendaciones para las futuras elecciones

El informe final ofrece una serie de recomendaciones prioritarias que deberían ser consideradas lo antes posible por Paraguay para abordar de manera oportuna las deficiencias identificadas.

“Se recomienda encarecidamente que se tomen seriamente en consideración estas recomendaciones y que se estudie su implementación con prontitud, ya que algunos de los problemas han sido detectados y comunicados en informes previos y, sin embargo, el desempeño en algunas áreas todavía es mejorable”, reiteró la organizacion internacional.

En materia del marco legal

1. Debería emprenderse una revisión exhaustiva del marco jurídico electoral para abordar la ambigüedad e incoherencia de algunas disposiciones legales y adaptar la ley al nuevo sistema electoral y al uso de la tecnología electoral.

2. Garantizar que los efectos de las sentencias que declaran la inconstitucionalidad de disposiciones legales, como el caso de la publicación de encuestas de opinión y sondeos a pie de urna, sean aplicables a todos los ciudadanos y personas jurídicas (erga omnes) y no sólo a las partes que presentan la demanda (inter partes), garantizando así la igualdad ante la ley.

Financiamiento de campañas

3. Considerar el desembolso de un subsidio electoral a los partidos políticos antes de la campaña electoral basado en criterios objetivos y razonables para mejorar la igualdad de condiciones entre los contendientes y reducir las oportunidades de financiamiento procedente de fuentes ilícitas.

4. Reforzar los recursos humanos y la formación de la Unidad Especializada de Fiscalización del Financiamiento Político para mejorar su capacidad de control de los ingresos y gastos de campaña.

Medios de comunicación

5. Despenalizar la difamación en favor de leyes civiles, en línea con los estándares internacionales sobre libertad de expresión y medios de comunicación, también en el contexto electoral.

6. Establecer el mecanismo institucional independiente previsto en el proyecto de ley de 2023 de protección de periodistas y defensores de derechos humanos para garantizar la aplicación efectiva de sanciones por agresiones a periodistas.

Redes sociales

7. Ampliar el marco jurídico aplicable a los medios de comunicación tradicionales en relación con la campaña electoral, para incluir la campaña política en línea.

8. La administración electoral, en cooperación con las organizaciones nacionales que se dedican a la verificación de datos, debería asociarse con las plataformas en línea para ayudar en la moderación de contenidos y reducir la propagación de la desinformación.

Educación para votantes

9. La administración electoral debería considerar la implementación de una campaña amplia y exhaustiva de educación de votantes, que incluya el papel de la administración electoral, los derechos políticos y la participación de la ciudadanía, además de los procedimientos de votación.

Jornada electoral

10. Revisar las condiciones del voto asistido para prohibir la ayuda de los apoderados y veedores de los partidos y de los miembros de las mesas receptoras de voto, y registrar los casos de voto asistido en las actas de las mesas receptoras de voto.

11. Considerar la capacitación obligatoria impartida por la administración electoral a los miembros de las mesas receptoras de voto.

12. Considerar la posibilidad de aumentar el número de locales de votación, especialmente en las zonas rurales y remotas, para hacerlos más accesibles a los votantes.

13. Debería desalentarse el transporte de votantes durante la jornada electoral por parte de los partidos políticos. El Estado podría considerar la posibilidad de facilitar el transporte público durante la jornada electoral.

Observación electoral

14. Considerar la aprobación de una ley de observación electoral nacional que contenga los derechos y obligaciones de los observadores y promueva su participación en el proceso electoral.

15. Desarrollar una plataforma organizada y permanente de organizaciones de la sociedad civil que lleven a cabo la observación electoral. Estas organizaciones podrían desarrollar una metodología clara para la observación del período preelectoral, la jornada electoral y el período postelectoral.

Reclamaciones y recursos

16. Revisar el sistema de reclamaciones y recursos con el fin de proporcionar un remedio eficaz y oportuno a las partes perjudicadas, incluido el tipo de acción para la revisión/recurso judicial.

17. Revisar las penas por delitos electorales para garantizar la proporcionalidad de las condenas con los delitos cometidos.

Participación de mujeres

18. Para promover la participación igualitaria de las mujeres en la vida política y pública, es importante hacer efectivo el principio establecido por el artículo 48 de la Constitución. Esto podría incluir la adopción de disposiciones específicas para la participación política efectiva de las mujeres.

Pueblos indígenas

19. Realizar esfuerzos institucionales para alcanzar un registro civil de los pueblos indígenas más inclusivo que garantice la protección de los derechos de las personas indígenas y su participación en la vida pública y en los asuntos políticos de su país.

20. La unidad especializada del TSJE para los pueblos indígenas podría reforzarse para promover eficazmente sus derechos electorales.

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