La misión de observación realizada en la zona Norte de la Coordinadora de Derechos Humanos Paraguay (Codehupy) concluyó que en dicha región se observa un escenario caracterizado por la implantación de un determinado modelo de desarrollo económico, vinculado a actividades extractivas, que generarán un gran impacto ambiental y un importante proceso de reorganización social.
Señaló que esta situación causa el desplazamiento del campesinado y de las poblaciones indígenas, e implica la reconversión productiva del territorio de la agricultura familiar campesina.
La misión observó que la política de seguridad que se plantea en la región tiene mayor relación con el control de la conflictividad social que genera el modelo de desarrollo cuya implementación está en curso en la región, antes que en la mitigación del riesgo que representa el crimen organizado.
Codehupy indicó necesario evaluar la política nacional de seguridad, que debe contemplar el acompañamiento y fortalecimiento de los lazos de solidaridad comunitaria, así como priorizar la intervención de los entes públicos especializados.
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Igualmente, agregó que se debe poner en cuestión el funcionamiento de todo el sistema de protección de derechos humanos, que ha demostrado no cumplir con su rol de garante.
En atención a los hallazgos y conclusiones, la misión formuló varias recomendaciones, en cuanto a las libertades públicas y garantías judiciales creen necesario derogar la Ley 5036/2013 de Seguridad Interna y Defensa Nacional y, consecuentemente, dejar sin efecto el Decreto 103/2013.
Pidió restringir las labores de control de la seguridad interna a las instituciones ordinarias de seguridad interior, con una Policía debidamente entrenada en el respeto del derecho internacional de los derechos humanos y bajo supervisión judicial.
También sostuvo que es necesario elaborar un plan nacional de seguridad que contemple los estándares del derecho internacional de los derechos humanos.
Asimismo, requirió que velar por el respeto estricto de las garantías procesales en materia penal, estableciendo y reforzando con directrices de derechos humanos aplicables a todos los casos. Aplicar en procesos judiciales un estándar probatorio mínimo para sus decisiones y posteriores condenas.
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Entre otras cosas, se instó a disminuir la demora excesiva o injustificada de los procesos judiciales y crear un fuero agroambiental, así como proveer de información suficiente a toda la comunidad sobre el acceso a la defensa pública, especialmente en procesos de ejecución hipotecaria o demandas por créditos agrícolas.
Insistieron en respetar y garantizar efectivamente los derechos de libertad de expresión, asociación, reunión y manifestación. Así como también, garantizar la protección de las personas defensoras de los derechos humanos, combatir la impunidad, asegurando la investigación pronta, exhaustiva y transparente de todos los asesinatos y vulneraciones cometidos contra defensores y defensoras de los derechos humanos, el enjuiciamiento de los autores y el acceso de las víctimas a recursos efectivos.
Derechos de los niños y adultos mayores
En el informe la Codehupy solicitó transparentar la investigación en el caso de las niñas Lilian Mariana Villalba y María Carmen Villalba, con la autorización de la intervención del Equipo Argentino de Antropología Forense.
También, brindar protección de todas las personas frente al crimen de desaparición forzada y asegurar que se investiguen todos los casos de presuntas torturas, ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias de manera pronta, exhaustiva e imparcial, que los responsables sean enjuiciados y sancionados y que las víctimas reciban una reparación integral.
En cuanto a las personas mayores, pide un nivel de vida digna y adoptar la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores. En ese sentido, se menciona el diseñar un plan nacional de aplicación de los derechos de personas adultas mayores que contenga una amplia difusión de derechos.
En otro punto, se exigió garantizar la educación escolar de niños, niñas y adolescentes y respetar los derechos comunitarios indígenas y reconocer el enfoque de multiculturalidad en las políticas y acciones de seguridad que involucren a los miembros de las comunidades indígenas de la zona Norte.
Otra recomendación es impulsar investigaciones en los casos de homicidio, desaparición forzada y trata de personas indígenas denunciadas ante el Ministerio Público.
Finalmente, aconsejó activar protocolos de resguardo y asistencia a las víctimas de abuso sexual, en su gran mayoría niñas y adolescentes, así como el respeto a los derechos de la mujer.
