El Instituto Nacional de Estadística, el Ministerio de Industria y Comercio y otras instituciones del Estado realizaron el esfuerzo de integrar la información existente en el país sobre el tamaño y las características de las empresas en Paraguay encontrando que existen unas 366.000 micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes). De estas, 320.000 (87%) son micro, 37.000 (10%) son pequeñas y 9.000 son medianas. El 75% se encuentran en los departamentos Central, Asunción, Alto Paraná, Itapúa y Caaguazú, en coincidencia con la existencia de importantes núcleos urbanos.
La categorización de las empresas se rige por el nivel de facturación anual, aunque también pueden agruparse según la cantidad de trabajadores ocupados en los emprendimientos. Según el primer criterio, en 2024, son microempresas aquellas que facturan hasta G. 646.045.491, pequeñas empresas las que facturan G. 3.230.227 y medianas empresas hasta G. 7.752.545.886.
Si se considera el número de trabajadores las microempresas son las que tienen entre 1 y 10, las pequeñas son las que tienen entre 11 y 30 trabajadores y las medianas entre 31 y 50 trabajadores.
Si ponemos la mirada en la generación de empleos, resulta que las mipymes ocupan al 77% de los trabajadores del país, es decir, generan empleo para 2.300.000 personas de las casi 3.000.000 de personas trabajadoras en el último trimestre.
A pesar de la relevancia que tienen estos emprendimientos para el desarrollo del país y, sobre todo, para el bienestar de las familias paraguayas, el Estado paraguayo no tiene políticas para aumentar su productividad y competitividad.
Las leyes de apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas se aprobaron sin considerar la realidad nacional, por lo tanto, a pesar de los años de vigencia contribuyeron poco, incluso hasta para su formalización. El 70% de los trabajadores o no están en IPS o la empresa no tiene RUC.
Esta situación indica que es necesario revisar el marco institucional del apoyo a estas empresas para conocer sus problemas y ayudar a resolverlos. En primer lugar, pareciera que las normas vigentes para su formalización no están adaptadas a la realidad.
Muchas hipótesis pueden construirse alrededor de estos problemas: Los requisitos son costosos o difíciles de cumplir, los trámites llevan tiempo, los organismos públicos encargados están alejados territorialmente, hay falta de información para el rápido cumplimiento.
La formalización no se limita a tener RUC o incluir a los trabajadores en IPS, sino también a estándares de calidad, como por ejemplo, las mipymes que actúan en el sector alimenticio y el cumplimiento de las exigencias de sanidad, las empresas destinadas al cuidado de la infancia que tienen normativas propias del sector en el que desarrollar sus actividades.
Las iniciativas destinadas a estas empresas son temporales y de corto plazo, de baja cobertura y generalmente dependen del financiamiento externo.
Pero, por otro lado, el apoyo a las empresas grandes y, sobre todo, de capital extranjero es mucho más importante en términos de recursos económicos y humanos en el sector público.
Otro ejemplo sobre la falta de apoyo de las políticas es en el ámbito de las compras públicas. La participación de las mipymes es mínima aun cuando existan beneficios explícitos como es el caso del programa Hambre Cero. Otros beneficios dirigidos a las empresas paraguayas en el sistema de contrataciones son utilizados por las empresas grandes, como la posibilidad de venderle al Estado más caro cuando compiten con oferentes externos. Este beneficio, que genera una importante ineficiencia al sector público, no es utilizado por las mipymes porque ni siquiera compiten debido a la forma en que se construyen las especificaciones técnicas de los llamados.
Las escasas políticas públicas dirigidas a mejorar la productividad y competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas contrastan con su relevancia en la generación de empleos y en la producción de bienes y servicios. Las autoridades deberían tomar conciencia de este problema y enfrentarlo para que estas contribuyan mucho más al desarrollo del país.
