El ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, negó que la creación de una Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones sea por una exigencia del Fondo Monetario Internacional (FMI).
La Ley de Superintendencia tuvo un veloz tratamiento en el Congreso y una rápida promulgación del Ejecutivo. Eso solo acrecentó la desconfianza de los trabajadores y jubilados.
“No tiene nada que ver el acuerdo que firmó el gobierno anterior (de Mario Abdo Benítez) con el Fondo Monetario Internacional”, afirmó en diálogo con radio Monumental 1080 AM.
Fernández Valdovinos dijo que le sorprendió bastante la vinculación que se le dio a esta polémica ley que, según su criterio, ya tuvo que existir 30 años atrás.
Nota vinculada: Apuro por Ley de Superintendencia habría sido por la presión del FMI
“Con la aprobación de la Constitución Nacional de 1992 ya estaba la necesidad o el mandato de que el Estado esté supervisando las diferentes cajas jubilatorias”, remarcó.
También recordó que fueron muchos los gobiernos que tenían intenciones de que esta ley prosperase, pero fallaron.
“Esto, más que formar parte de un acuerdo del Fondo Monetario Internacional, ha sido una intención nuestra porque veíamos la necesidad de pasar esta ley. El propio presidente de la República (Santiago Peña) en su discurso ya había dicho eso”, insistió.
El ministro aclaró que los acuerdos con el FMI no pueden exigir ninguna aprobación de alguna ley. “A nosotros, más que presentar leyes, nos importa hacer las reformas”, sentenció.
Acotó que el acuerdo técnico que lograron con el Fondo Monetario es otro tipo de programa, donde sí podría haber desembolsos.
En ese caso, el acuerdo está cerrado a nivel técnico, aunque no fue aprobado por el Directorio del FMI, pero estima que eso sea tratado la semana que viene.
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Precisó que se trata de un instrumento totalmente diferente y tiene otro tipo de objetivos, como el crecimiento sostenible, la preservación del medioambiente y “no tiene nada de ideologías”, aclaró.
En cuanto a la Ley de Superintendencia, dijo que el objetivo es contar con una autoridad regulatoria para tener una evaluación exacta sobre la situación de todas las cajas jubilatorias.
