Primera parte: Una oportunidad política para modernizar el sector eléctrico
Varias reformas estructurales promovidas por este Gobierno fueron modificadas, fragmentadas, debilitadas, tornándolas parciales, ineficaces o irrelevantes. En algunos casos, las propuestas recibieron objeciones y sugerencias de cambios sustanciales; en otros, las urgencias de la coyuntura las desplazaron de la agenda prioritaria del Gobierno.
Una explicación política posible es que el Ejecutivo, con una orientación más tecnocrática, debió negociar sus propuestas en un escenario de poder compartido, donde no siempre contaba con la fuerza suficiente para convertir sus iniciativas en decisiones legislativas.
El reciente reacomodo de fuerzas dentro del Gobierno y del Partido Colorado podría modificar esa situación. Aunque la nueva correlación cuantitativa todavía no esté definitivamente establecida, todo indica que el sector del presidente Santiago Peña tendrá un predominio mayor. De confirmarse esa tendencia, las iniciativas del Ejecutivo podrían encontrar un camino más favorable en el Congreso.
¿Significa esto que las reformas estructurales finalmente avanzarán? No necesariamente. Una mayor capacidad política para impulsar iniciativas no sustituye la calidad de los proyectos ni garantiza su aprobación. Pero sí puede crear condiciones más propicias para retomar asuntos que quedaron postergados.
Uno de ellos es la creación de un Ministerio de Energía y de una entidad reguladora independiente. El proyecto quedó estancado tras recibir numerosas críticas y propuestas de modificaciones drásticas, mientras otras cuestiones más urgentes absorbían la atención del Gobierno.
Por tanto, no basta con reactivar el borrador original. Hace falta revisar sus fundamentos, delimitar adecuadamente las competencias institucionales y construir una propuesta técnicamente sólida, políticamente viable y capaz de responder a las necesidades reales del sector.
Si el nuevo equilibrio de poder permite al Ejecutivo impulsar con mayor eficacia su agenda legislativa, ¿por qué no aprovechar esa oportunidad para modernizar la organización institucional del sector eléctrico paraguayo?
La cuestión merece atención urgente. No porque la reforma garantice por sí sola que no habrá una crisis energética, sino porque el país necesita instituciones capaces de anticiparse a los problemas, coordinar las inversiones y administrar racionalmente su extraordinaria ventaja energética.
La coyuntura política podría ofrecer una oportunidad para avanzar. Corresponde al Gobierno demostrar si tiene la voluntad y la capacidad de aprovecharla.
Paraguay no necesita solamente más electricidad. Necesita instituciones capaces de transformar su extraordinaria ventaja energética en progreso sostenible. La pregunta es si, esta vez, la oportunidad política se convertirá en una reforma real o si volveremos a esperar hasta que una crisis haga inevitable lo que hoy todavía podemos hacer por decisión propia.
Si la reforma vuelve a quedar relegada, Paraguay podría perder la posibilidad de realizarla gradualmente, evaluar sus resultados y corregir sus errores sobre la marcha. Las reformas impuestas por una crisis suelen ser más precipitadas, conflictivas y costosas, tanto económica como socialmente.
Por eso, el posible reacomodo político actual merece una consideración especial. Si efectivamente permite superar bloqueos anteriores, sería un error desaprovecharlo en disputas coyunturales y no utilizarlo para resolver problemas estructurales.
No se trata de atribuir al nuevo equilibrio de poder virtudes que todavía debe demostrar. Se trata de exigirle resultados acordes con la responsabilidad que ahora podría asumir.
El Informe N°2 del IPPSE, Instituto de Profesionales Paraguayos del Sector Eléctrico, expone integral y claramente la situación, la tendencia y el “qué hacer en el sector eléctrico”. Con la reforma sectorial modernizadora buscamos el “cómo hacer”.
