No sé si Eddie Jara conoce a Zenaida Delgado, pero debería estarle agradecido.
Como un escándalo tapa a otro, la prensa olvidó al otrora poderoso presidente de Petropar.
Fueron dos escándalos con estilos distintos, aunque con detalles en común. Ambos saltaron a la luz por publicaciones provocadas por la escasa afición de sus protagonistas a la discreción.
Eddie exhibía en las redes sociales sus lujos ostentosos: su debilidad por regalar toneladas de flores, sus viajes y fiestas glamurosas y el costoso alquiler de mansiones en San Bernardino.
Zenaida, en cambio, actuaba en una trinchera más modesta, desde donde administraba una estructura de 17 asesores y asistentes, encargados de nombramientos, descuentos forzosos y aprietes varios.
A los dos se los investiga por desparpajo en grado de exageración. Con un poco más de cuidado habrían evitado llegar a la portada de los diarios. Fíjese que, en el caso de Eddie, según el propio contralor Camilo Benítez, el examen de correspondencia patrimonial se disparó tras la fastuosa fiesta de cumpleaños de su pareja, la diputada Johana Vega. Al ser evidente que él costeaba el gasto, la Contraloría remitió la denuncia al Ministerio Público, que detectó un caudal económico no justificado de unos G. 5.400 millones.
El ex funcionario no pudo justificar el 97% de sus egresos y bienes. Realizó 767 transferencias bancarias por más de G. 1.336 millones a 131 personas –entre ellas ex modelos, figuras públicas, familiares y un menor de edad– sin ningún justificativo comercial lícito.
En 29 de los 32 meses analizados por la Fiscalía, sus gastos superaron ampliamente sus ingresos. Gastó en un solo mes en tarjetas de crédito y pagos en efectivo más de G. 570 millones, teniendo un sueldo de G. 45 millones.
Movió más de G. 5.500 millones “en efectivo” sin correlación con débitos bancarios.
En cambio, según las denuncias, Zenaida desarrollaba una corrupción de “baja intensidad”. El esquema no era un gran desvío de fondos, sino un goteo constante, un peaje salarial: exigía a unos 15 a 20 funcionarios que le transfirieran sus bonificaciones.
Era un operativo de tipo “hormiga”, pero igualmente perverso. Varias personas sostuvieron que debían pagar hasta cien millones de guaraníes por un nombramiento permanente en el Parlamento.
Zenaida sabía cotizar sus obedientes votos a favor del cartismo. El peaje no era su única vía de recaudación. Su influencia se extendía a otras instituciones. El libelo acusatorio menciona la adjudicación irregular de departamentos del Ministerio de Urbanismo a su hermano y sobrino. Su ex pareja, Gustavo Vera, fue contratado en Itaipú –pese a su completa falta de formación profesional– y facturó a la binacional más de G. 500 millones.
Se paseaba por las oficinas del Congreso y tenía tanto peso que lo llamaban el “senador 46”.
Comparado con Eddie, el estilo de Zenaida era más silencioso, pero igual de ruin.
Eddie derrochaba, ella era una vizcachera parlamentaria. Opulencia y suntuosidad en un caso, consumo utilitario y doméstico en el otro. Pero ambos actuaban con un alto nivel de confianza y frescura en sus maniobras. Las vidas paralelas de la impunidad: mientras Eddie fue blindado hasta lo imposible por el oficialismo en el Congreso, Zenaida no fue cuestionada hasta que explotó el escándalo mediático. Ambos confiaron en que eran intocables. Por eso dejaron tan extenso e indiscreto rastro de sus gestiones en medios digitales.
Hay otra cosa que los une: frente a la tormenta de evidencias, ambos recurrieron a justificaciones inverosímiles.
Mientras que Eddie Jara escandalizó al país por el volumen de su fortuna inexplicable, Zenaida Delgado lo hizo por la crudeza y la mezquindad de sus métodos.
Son las dos caras de una misma moneda: un sistema donde el desparpajo desplaza a la transparencia, y donde el cargo público se entiende no como un servicio, sino como un botín.
