Tras 3 años de gestión, el Gobierno de Santiago Peña impulsa una transformación energética estructural histórica mediante dos proyectos de ley que buscan reformar por completo la matriz institucional y administrativa de los recursos estratégicos del país. La urgencia de estas medidas responde a la amenaza del colapso energético y la necesidad de concretar el arribo de inversiones de gran impacto.
Uno de los pilares de esta reforma integral es la creación del Ministerio de Energía, Minería e Hidrocarburos, una nueva cartera de Estado que centralizará el diseño, la coordinación, la supervisión y la evaluación de la política energética y minera del país. Para lograr esto, la nueva institución absorberá y ampliará las funciones que hoy desempeñan el Viceministerio de Minas y Energía y la Dirección de Combustibles (actualmente dependiente del Ministerio de Industria y Comercio). El anuncio sobre el plan de crear este organismo se realizó en el marco de la Mesa Eléctrica convocada por el Gobierno.
El rol fundamental de este Ministerio será ejercer la rectoría del sector, elaborar planes estratégicos con un horizonte mínimo de diez años, promover inversiones sostenibles y representar al Poder Ejecutivo, todo esto sin superponerse a las funciones operativas o empresariales de otras entidades autónomas y autárquicas.
Al observar el borrador del proyecto del nuevo Ministerio de Energía, Minería e Hidrocarburos, el cual está a disposición de la ciudadanía y de expertos, resalta una estructura operativa sostenida por tres viceministerios especializados encargados respectivamente de las áreas de energía, minería e hidrocarburos.
Según la propuesta, esta cartera de Estado asume una rectoría estratégica que la convierte en el nexo obligatorio entre el Poder Ejecutivo e Itaipú, Yacyretá, la ANDE y Petropar. El proyecto obliga a estas entidades a alinear sus planes anuales de contratación e inversión con la Política Energética Nacional, permitiendo al Ministerio evaluar anualmente sus rendimientos e indicadores de eficiencia.
“Las entidades coordinadas deberán adecuar y orientar las acciones que desarrollen en el marco de sus competencias a los lineamientos, metas y objetivos establecidos en las políticas nacionales”, expresa el documento.
Inversión. Una de las disposiciones más relevantes del documento es la obligación que tendrán estas instituciones de reportar su planificación a la nueva cartera. Específicamente, deberán presentar al Ministerio sus respectivos planes estratégicos institucionales, sus planes de inversión y los Planes Anuales de Contratación. El objetivo es asegurar que la ejecución de estos instrumentos esté alineado para cumplir con los objetivos y parámetros de las políticas nacionales.
Para las entidades binacionales Itaipú y Yacyretá, el vínculo se define en términos de coordinación. El Ministerio coordinará con ellas las tareas de formulación e implementación de las políticas energéticas y mineras, respetando la naturaleza jurídica de los tratados internacionales que las rigen, pero asegurando su participación en la estrategia energética del Estado paraguayo.
Financiamiento. En el ámbito financiero, el proyecto del Ministerio propone una distribución muy específica de la riqueza generada por los recursos naturales. La nueva cartera absorberá el cien por ciento de las regalías y cánones derivados de la explotación de hidrocarburos. Sin embargo, en el sector minero se plantea una descentralización importante, ya que el Ministerio retendrá la mitad de las regalías, mientras que el veinticinco por ciento irá a los municipios donde se encuentren los yacimientos y el veinticinco por ciento restante a las gobernaciones respectivas. Toda esta estructura apuntará a objetivos urgentes como la electrificación rural, el acceso universal a servicios modernos y la integración energética regional.
Rigurosidad. Por un lado, para la ANDE y Petropar (así como otras instituciones como el Infona y la ARRN), el Ministerio ejercerá atribuciones inherentes a la rectoría sectorial, sin perjuicio de las competencias propias establecidas en sus leyes orgánicas. Para estas entidades, el control es más exhaustivo. Las mismas estarán obligadas a formular planes de gestión anuales con objetivos de rendimiento y operativos claros, vinculados a indicadores de eficiencia en el manejo de recursos financieros y calidad de servicios. Estos planes serán evaluados por el Ministerio de forma anual, según detalla el citado borrador.
- USD 1.000 millones es el monto aproximado requerido para generación de energía en la próxima década.
Demanda eléctrica creció 18,2% a julio
Entre enero y julio de 2026, la demanda de energía a nivel nacional mantuvo un crecimiento sostenido de dos dígitos. Al cierre de los primeros siete meses del año, la demanda registró un incremento acumulado del 18,2% en comparación con el mismo periodo del 2025, consolidando una firme tendencia al alza en todo el territorio nacional.
Según los datos oficiales, publicados ayer por la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), solamente durante el mes de julio, el consumo eléctrico alcanzó los 2.587.086 megavatios hora (MWh). Esta cifra representa un salto interanual del 17,5% frente a los 2.201.666 MWh que se habían registrado en julio del año anterior.
Para hacer frente a esta alta exigencia, el Sistema Interconectado Nacional (SIN) fue abastecido principalmente por la Itaipú Binacional, que se mantiene como el gran motor del país con un aporte de 2.273.105 MWh. Por su parte, la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) inyectó 236.191 MWh, mientras que la represa de Acaray generó 77.584 MWh y la central térmica de Bahía Negra contribuyó con 178 MWh.
En lo que respecta a la planta solar de Nueva Esperanza, esta instalación ubicada en el Chaco paraguayo, inyectó aproximadamente 28 MWh al sistema eléctrico de la ANDE. Aunque el volumen es incipiente en comparación con las represas, su entrada en operación marca el inicio oficial de la diversificación de la matriz energética del país mediante fuentes renovables no convencionales.
Frente a la fuerte presión que este escenario de alta demanda, muy superior a lo estimado (10%), impone sobre las redes de transmisión y distribución, la estatal eléctrica aprovechó para ratificar su compromiso de brindar un servicio más confiable y eficiente. Desde la institución aseguraron que mediante una planificación técnica estratégica continuarán avanzando.
