El déficit del Sistema de Pensiones y Jubilaciones del sector público, más conocido como la Caja Fiscal, persiste e incluso sigue creciendo aceleradamente al séptimo mes del año.
De acuerdo con los datos actualizados del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), las pérdidas alcanzaron G. 1,4 billones, equivalentes a USD 249,4 millones al tipo de cambio promedio actual.
El resultado responde a que los gastos llegaron a G. 3,7 billones (USD 617,2 millones), mientras que los ingresos alcanzaron apenas unos G. 2,2 billones (USD 367,8 millones). Al tomar la diferencia, el déficit se ubica en un 40%.
Además, el acumulado a julio representa hasta el 65% del déficit total que se registraba al cierre del año pasado, lo que indica que el saldo negativo se sigue expandiendo de forma significativa, pese a la reciente reforma aprobada por el Gobierno.
Los sectores con mayores pérdidas continúan siendo los docentes, cuyo déficit alcanzó G. 706.199 millones (USD 117,6 millones); seguidos por los policías, con G. 423.404 millones (USD 70,5 millones), y los militares, con G. 396.276 millones (USD 66 millones).
Solo en lo que respecta al mes de julio, el saldo rojo fue de G. 177.735 millones (USD 29,6 millones), también con los docentes y las fuerzas públicas como los principales sectores deficitarios.
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Se destaca, sin embargo, que el sector de la Administración Pública y los magistrados judiciales cerraron el mes con superávit, de G. 3.904 millones y G. 37.385 millones, respectivamente. En los últimos años, la caja de funcionarios administrativos fue la única con resultados positivos.
Actualmente, el sistema previsional público aglutina a un total de 82.357 beneficiarios, de los cuales 73.632 son jubilados. De estos, a su vez, el 52% corresponde al Magisterio Nacional, mientras que los 12.480 restantes son pensionados o herederos.
El creciente déficit de la Caja Fiscal sigue generando preocupación a la ciudadanía en general. De acuerdo con el movimiento Reforma Integral del Paraguay, la crisis previsional no responde a un fenómeno “accidental”, sino a un “desfalco” por parte de sucesivas administraciones, encubiertas por diversos sectores.
El gremio cuestiona que con la reforma se haya aprobado la reducción de algunos beneficios y el aumento de los aportes para los sectores deficitarios, calificando el hecho como “una confiscación de la propiedad privada y una violación de los derechos humanos previsionales”.
Sostiene que el Estado “no acumuló, no invirtió y no cuantificó” los fondos previsionales, pero sí los utilizó para financiar gastos corrientes y emergencias, por lo que reclama una auditoría forense total, el reconocimiento de la deuda histórica y un plan de restitución de los fondos.
