La calificación de riesgo soberano es, en el ámbito internacional, un indicador sobre la solvencia y la calidad institucional de un Estado a la hora de hacer frente a sus compromisos financieros internacionales. En los últimos años, Paraguay ha conseguido el grado de inversión por parte de Moody’s y Standard y Poor’s. El anhelado consenso de las tres grandes calificadoras quedó parado tras el pronunciamiento de Fitch Ratings. Al mantener la calificación, la agencia dio una clara señal de alerta al país.
Los informes de Fitch destacan indicadores que justificarían el ascenso de categoría. El país proyecta un crecimiento del producto interno bruto (PIB) resiliente y por encima del promedio regional sustentado por un sector agroexportador competitivo y la estabilidad en la generación hidroeléctrica. La inflación, uno de los flagelos históricos de América Latina, se mantiene fuertemente anclada en el rango meta del Banco Central del Paraguay, respaldada por políticas monetarias.
En comparación con otros países de la región el nivel de deuda pública se sitúa por debajo de la media. Sin embargo, hasta para estas instituciones la estabilidad macroeconómica es una condición necesaria, pero no suficiente. La verdadera solvencia a largo plazo no solo se mide por la capacidad matemática de pagar deudas, sino por la previsibilidad y la transparencia de las reglas de juego fiscales. En esta última variable es donde se encuentra el problema.
Uno de los determinantes de la calificación son los atrasos en los pagos a proveedores del Estado. El Estado paraguayo acumuló compromisos impagos, principalmente con empresas constructoras y proveedoras de insumos farmacéuticos, por cifras que superaron los USD 1.000 millones, lo que representa aproximadamente un 2% del PIB.
El agravante de esta crisis no es solo el volumen del pasivo, sino su origen y su manejo contable. Una gran parte de estos compromisos se generó operando por fuera de los controles presupuestarios. Al no registrarse estas facturas como deuda en tiempo y forma, se presentó ante la ciudadanía y los inversores internacionales un nivel de déficit fiscal artificialmente bajo, creando una ilusión de disciplina.
Esta práctica forzó a la actual administración a sincerar las cuentas, a recurrir a emisiones extraordinarias de bonos soberanos para limpiar el pasivo, lo que incrementó la carga de la deuda e imposibilitó el rápido retorno a los márgenes dictados por la ley.
La decisión de Fitch Ratings es consistente con las preocupaciones expresadas por el Fondo Monetario Internacional recientemente. El FMI fue categórico al alertar sobre el mal manejo de las finanzas públicas.
La falta de contabilización correcta de las deudas con los proveedores no solo representa una grave falla técnica, sino un golpe a la credibilidad de la política fiscal de Paraguay. Desde la teoría de la hacienda pública, el Presupuesto General de la Nación (PGN) es un pacto de confianza institucional. Más allá del escándalo de la deuda con los proveedores, el dictamen de Fitch expone otras vulnerabilidades estructurales que operan como un techo a corto plazo. Entre ellos, destaca la estrecha base de ingresos del Estado. Con una presión tributaria de las más bajas de América Latina, el margen de maniobra fiscal del gobierno ante posibles shocks climáticos o externos es extremadamente reducido.
La negativa de Fitch Ratings a otorgar el tercer grado de inversión a Paraguay debe ser interpretada como un diagnóstico oportuno y una advertencia severa. La contradicción de una economía que crece, pero que no logra ordenar la contabilidad básica de su Estado, evidencia problemas en el modelo económico.
El mal manejo de las finanzas públicas terminó socavando la confianza ganada con décadas de disciplina monetaria. Para obtener el tercer grado de inversión, Paraguay está obligado a dar un salto cualitativo en la calidad institucional, en este caso específico, para el manejo de las finanzas públicas.
