La viabilidad de los sistemas de pensiones es uno de los debates económicos más urgentes en este momento. En economías como la paraguaya en las que la presión tributaria es históricamente baja y las demandas de inversión son altas, los desequilibrios en el sistema de jubilaciones del sector público representan una amenaza directa a la salud de las finanzas estatales. La reciente reforma de la Caja Fiscal fue claramente insuficiente para el tamaño de la crisis que enfrenta.
La Caja Fiscal paraguaya opera bajo un sistema de reparto, donde las aportaciones de los trabajadores activos actuales financian las pensiones de los jubilados. El modelo asume implícitamente un crecimiento constante de la base de cotizantes y una pirámide demográfica favorable. Estos supuestos ya no se cumplen porque la cantidad de funcionarios públicos que ingresan es insuficiente para financiar las jubilaciones presentes y estamos en un periodo de incipiente envejecimiento. Adicionalmente, la Caja Fiscal está fragmentada y con privilegios excesivos a algunos sectores que presionan el déficit.
Las jubilaciones tempranas y los beneficios no condicionados por un cálculo actuarial estricto generaron un agujero financiero que por diseño de ley, debe ser cubierto por el Estado. En términos económicos, esto se traduce en una transferencia de ingresos regresiva: Los impuestos de toda la población –incluyendo a la inmensa mayoría de trabajadores informales sin cobertura de seguridad social– subsidian las jubilaciones de una minoría del sector público.
Ante la insostenibilidad de este modelo, se implementaron reformas que introdujeron cambios paramétricos incluyendo un aumento del aporte de los trabajadores buscando que los beneficiarios asuman una mayor parte del costo de su retiro.
Los ajustes paramétricos –aumentar la edad de retiro, subir la tasa de cotización o reducir la tasa de reemplazo– constituyen una de las herramientas estándar para corregir problemas actuariales sin cambiar la naturaleza del sistema de reparto.
Sin embargo, la eficacia de estos cambios depende de su profundidad. Las medidas adoptadas fueron claramente insuficientes ante la magnitud del pasivo acumulado e incluso pueden tener externalidades negativas, como la anticipación de jubilaciones por temor a peores condiciones futuras.
La teoría económica señala dos posibles efectos en las políticas públicas: El riesgo moral y la aceleración de comportamientos defensivos. La promulgación de la nueva ley, con sus cambios paramétricos, podría incentivar una aceleración en las jubilaciones. Los funcionarios que cumplen con los requisitos mínimos tenderían a acogerse al retiro antes de que normativas más restrictivas pudieran afectar su tasa de reemplazo, inflando abruptamente la nómina de pasivos neutralizando los efectos positivos esperados en las proyecciones iniciales.
El otro problema es el costo de oportunidad. En términos fiscales, destinar impuestos a cubrir el déficit previsional de ex funcionarios públicos significa restar recursos en otras áreas. En un país que busca atraer inversión extranjera directa (IED) y diversificar su matriz productiva, este desvío de fondos sin reformas tributarias erosiona la capacidad de aumentar el capital humano y la infraestructura.
La reforma a la Caja Fiscal en Paraguay, si bien representó un esfuerzo político por abordar un tema grave, fue un remedio demasiado débil para una enfermedad estructural grave a juzgar por la continuidad del déficit. Paraguay necesita abandonar la lógica de los parches temporales y avanzar hacia una reforma previsional profunda, equitativa y financieramente autosustentable. De lo contrario, el déficit previsional continuará succionando los recursos indispensables para el desarrollo de las futuras generaciones y lo que es peor no garantizará jubilaciones a quienes han aportado toda su vida para disfrutar el derecho a un ingreso y a una vida digna en ña vejez.
