En la propiedad encontraron documentos originales del Juzgado, además de varios sellos. En el lugar estaba presente el juez y él acompañó el operativo.
La sospecha en su contra es que él firmaba resoluciones de secuestro –sin cumplir las formalidades que requiere un juicio ordinario en el ámbito Civil– inmediatamente después de que la playa de autos Steven Automotores presentara la demanda.
Esto se corroboró con el allanamiento realizado días pasados, en el Juzgado de Paz, de donde se incautaron 68 expedientes que son los casos de secuestros que aparentemente se realizaban irregularmente. El juez está imputado por prevaricato y asociación criminal, junto a su actuaria judicial Gabriela Noemí Gaona. También fueron procesados el ujier Reinaldo Bordón Duisit (por asociación), y los oficiales de Justicia Marcelo Mereles Medina y Carlos Yrala Fernández (estafa y asociación). Estos supuestamente formarían parte de un esquema liderado por Denis Steven Bareiro y su padre Carlos Bareiro Benítez, dueños de la playa de vehículos. Según las denuncias, el modus operandi era así: Los clientes compraban los rodados con una entrega y quedaba un remanente que debía ser cubierto a cuotas.
Lo que las víctimas desconocían es que en la adenda firmada figuraba que ante el mínimo retraso de los pagos, debían devolver el auto. Si un comprador se retrasaba tan solo un día, la concesionaria presentaba una demanda ante el juez de Paz –aliado– e inmediatamente obtenía la orden de secuestro.
CASA DEL OFICIAL. Ayer se llevaron adelante otros procedimientos, y uno de ellos fue en la vivienda de uno de los oficiales de Justicia que formaría parte del esquema.
Se trata de la casa de Carlos Yrala, quien presentaba las demandas como abogado de la concesionaria y era el mismo oficial de Justicia que luego iba a entregar la orden de secuestro a los vehículos recién adquiridos. De su propiedad, incautaron documentos varios, según confirmó la fiscala Bobadilla. Se encontraron biblioratos en los que estaban varias órdenes de secuestro y actas de despojo de vehículos, que consta que la orden era emanada por el juez Jorge Franco Garelik.
Según el Ministerio Público, no serían solo 68 los casos en los que el esquema habría actuado y se estima que sería un centenar de víctimas, de acuerdo con las denuncias que van ingresando.
