El suministro de energía eléctrica constituye un pilar fundamental para el funcionamiento de las sociedades modernas, ya que incide de manera directa en la salud, la productividad y el bienestar. En este momento de la historia, no hay ámbito en el cual la electricidad no tenga un impacto importante. El reciente corte masivo de energía eléctrica en plena ola de calor es una muestra de las debilidades estructurales que enfrenta el sistema y que debe ser abordado de manera urgente con medidas que fortalezcan la inversión pública.
La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) como entidad estatal responsable de brindar este servicio crucial no puede permanecer indiferente al terrible problema que afectó al país y para colmo en el medio de un evento de calor extremo.
Las olas de calor representan un desafío para cualquier sistema eléctrico. El aumento de las temperaturas dispara el uso de energía llevando la demanda a sus máximos. Estos fenómenos son cada vez más frecuentes e intensos, por lo que no debería ser menospreciado.
El apagón tampoco fue un evento aislado, sino la manifestación más visible de un sistema que opera con deficiencias acumuladas durante décadas. Gran parte de la infraestructura de transmisión y distribución tienen décadas de antigüedad. El incremento de la demanda no fue acompañado por una expansión proporcional y anticipada de la capacidad de la red. Las inversiones han sido insuficientes, creando cuellos de botella que impiden que la energía generada llegue de manera adecuada al consumidor final.
Un sistema eléctrico requiere un programa riguroso de mantenimiento preventivo que incluya no solo recursos económicos, sino principalmente responsabilidad, integridad y compromiso con la ciudadanía.
Frente a este contexto, el Gobierno recientemente promulgó nuevas normativas que benefician a sectores de alto consumo de energía, medida que profundizará la crisis energética, además de exigir un aumento de la tarifa a la población en general y a otros sectores, probablemente micro, pequeñas y medianas empresas.
En esta coyuntura es previsible que los costos serán asumidos inequitativamente, ya que unos se beneficiarán de energía barata con poco impacto en la economía y el bienestar a nivel nacional, mientras que la mayoría deberá financiar las medidas con un aumento de la tarifa.
De hecho, ya se habla de necesidad de una tarifa técnica debido a que Paraguay tiene las más bajas de la región.
Para algunos analistas, esta tarifa no refleja el costo real de generar, transmitir y distribuir la energía. Una tarifa técnica sería aquella que permite a la ANDE cubrir todos sus costos operativos (generación, transmisión, distribución, comercialización) y generar un excedente para reinvertir en el mantenimiento y la expansión del sistema.
Sin los ingresos adecuados, la ANDE depende del Tesoro o del endeudamiento para realizar inversiones, lo que no siempre es suficiente o sostenible. Una tarifa técnica permitiría una planificación a largo plazo, garantizando recursos para proyectos de fortalecimiento de la red y la diversificación de la matriz energética con fuentes renovables que podrían aliviar la crisis.
El reciente corte masivo de energía eléctrica en plena ola de calor es una muestra de las debilidades estructurales que enfrenta el sistema y que debe ser abordado de manera urgente con medidas que fortalezcan la inversión pública en infraestructura y que provean a la ANDE la capacidad necesaria para enfrentar el aumento de la demanda.
En un contexto de alta desigualdad, un aumento en la factura de la luz afectaría desproporcionadamente a los hogares y la mayoría de las empresas, que ya destinan un porcentaje importante de sus recursos a servicios básicos. Por ello, cualquier propuesta de reestructuración tarifaria debería ir acompañada de tarifas diferenciadas donde los grandes consumidores, especialmente los que tienen bajo retorno social y económico en Paraguay paguen una tarifa que refleje plenamente los costos, permitiendo mantener una tarifa acorde con el nivel de ingresos de los hogares y de las mipymes.
