En un Estado de derecho, todos los ciudadanos se sitúan frente a la ley en igualdad de condiciones. En el Paraguay, sin embargo, este principio se vuelve cada vez más relativo. La Cámara de Apelaciones decidió revocar la resolución que envió a juicio oral al senador colorado del sector cartista Hernán Rivas,alegando que el hecho punible de producción de documentos públicos de contenido falso (falsificación) había prescripto y que, por ende, no podía configurarse el delito de uso de documentos públicos de contenido falso. El senador fue sobreseído definitivamente.
El caso Hernán Rivas se iniciaba hace seis años cuando el abogado Federico Campos López Moreira, de la Asociación de Abogados y Auxiliares de la Justicia Penal (AAAJP), lamentaba la incorporación del entonces diputado Hernán David Rivas como miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).
No obstante, además de las críticas y cuestionamientos, se presentó una denuncia formal contra el legislador ante la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción de la Fiscalía, en la cual se solicitaba una investigación sobre la validez del título de abogado que ostenta Rivas.
“Estamos metiendo la denuncia contra la acción de este diputado y sus cómplices y encubridores, para que se investigue y se determine si efectivamente se puede ser juez de jueces sin ejercicio previo de la profesión”, decía el denunciante. (ÚH, junio 11, 2020)
La gran pregunta que se hacían desde la Asociación de Abogados y Auxiliares de la Justicia Penal era: ¿Cómo el juez de jueces va a saber menos que los jueces y fiscales a quienes debe juzgar? “Si fue un montaje administrativo para que este abogado de cartón sea juez de jueces se debe castigar a él y a quienes le permitieron llegar a su objetivo. La Fiscalía tiene la obligación de investigar y comunicar a la sociedad el resultado de esta investigación”, decían.
Durante tres años la causa había quedado paralizada, y no surgieron dudas respecto al fuerte respaldo del sector cartista al legislador cuestionado, quien en las últimas elecciones resultó electo senador, y siguió sorteando acusaciones. Una de ellas hacía referencia a que usó en su campaña electoral la avioneta de Erico Galeano –también utilizada por el narcotraficante Sebastián Marset y Tío Rico, del clan Insfrán–. El senador colorado Erico Galeano fue recientemente sentenciado en primera instancia por lavado de dinero y asociación criminal a 13 años de cárcel.
Hernán Rivas estuvo siempre arropado por sus colegas senadores oficialistas y él mismo ha exhibido siempre sus lealtades; como cuando, tras su elección como presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, proclamó: “Ustedes saben que yo le adoro a don Horacio Cartes…”.
Este caso no es simplemente una anécdota más. Esta resolución es mucho más que una mancha sobre la institucionalidad del Estado paraguayo: constituye una herida profunda infligida al Estado de derecho y a nuestra democracia.
Hoy, la Justicia está siendo cuestionada. Mientras miles de ciudadanos aguardan por décadas la resolución de sus casos, o como las víctimas del caso de la mafia de pagarés ven al sistema actuar con lentitud y con indiferencia, graves casos de presunta corrupción se están extinguiendo y terminan en la impunidad.
Es inaceptable que la Justicia se convierta en una farsa y sea utilizada a conveniencia por poderes políticos y económicos. Al instrumentalizar el sistema se causa un grave daño a la institucionalidad de la República y se vulnera el principio de que todos somos iguales ante la ley.
Exactamente como lo advirtieron quienes iniciaron la denuncia hace ya seis años, este caso no se limita exclusivamente a una cuestión jurídica: el caso Hernán Rivas interpela la ética y la moral de dos poderes del Estado.
La impunidad está confrontando hoy, por un lado, el valor de la representación del pueblo en el Parlamento y, por otro, cuestiona profundamente el sistema de Justicia.
No debemos cejar en la decisión de seguir proclamando en el Paraguay la necesidad de contar con un sistema y con autoridades que den muestras claras de integridad y transparencia.
