La cumbre entre los presidentes Santiago Peña y Lula da Silva, celebrada en marzo en Campo Grande, Brasil, sirvió de escenario para un esperado encuentro teniendo en cuenta el retraso de las negociaciones y de varios hechos que enturbiaron las relaciones diplomáticas entre Paraguay y Brasil en el último año. Se espera que la reunión haya facilitado las renegociaciones, aunque las posturas de cada país plantean desafíos diferentes que deberán abordarse para llegar a un acuerdo que beneficie a ambas naciones.
La reunión entre ambos presidentes se produjo en un contexto de tensiones diplomáticas. No obstante, los reportes oficiales señalan que ha sido positiva para la continuidad de las negociaciones en el marco del Anexo C.
Por un lado, el disgusto por parte de Paraguay de que la Agencia Brasileña de Inteligencia haya llevado a cabo operaciones de espionaje contra funcionarios paraguayos durante el periodo de definición de la tarifa generó molestias en nuestro país.
Por otro lado, el resquemor de las autoridades brasileras por el alineamiento geopolítico del presidente Peña y su alianza con el presidente estadounidense, Donald Trump, que derivó en el acuerdo de cooperación militar (SOFA), permitiendo la presencia de militares estadounidenses en Paraguay, en la frontera con Brasil.
Según declaraciones del canciller paraguayo luego del encuentro, los presidentes coincidieron en la necesidad de instruir a los equipos técnicos para que trabajen con la mayor celeridad posible en la revisión del Anexo C. Se acordaron visitas recíprocas para fortalecer la cooperación bilateral.
Las autoridades nacionales señalaron que además de la negociación sobre la tarifa se encuentra el fortalecimiento de la capacidad generadora, señalando que Itaipú puede construir cuatro turbinas más y repotenciar las existentes. Asimismo, hicieron referencia a la posibilidad de invertir en paneles solares y baterías para colocarlas en el embalse. Estas inversiones requieren evaluaciones técnicas medioambientales y financieras, así como la definición de una tarifa que permita hacer frente a las demandas financieras.
La urgencia de Paraguay se debe a que, según las estimaciones, los excedentes energéticos se agotarán en unos ocho años. Luego de 50 años, Paraguay deberá prepararse para dejar de ser un vendedor de excedentes y convertirse en comprador.
Las autoridades nacionales señalaron que en el eje de las negociaciones Paraguay puso sobre la mesa la necesidad de mantener parte de los gastos socioambientales, obtener una tarifa que permita a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) seguir invirtiendo en infraestructura y que cada país pueda comercializar libremente cualquier excedente.
Brasil busca que la tarifa de la energía refleje el costo de operación de la planta, lo que implicaría una reducción de la tarifa, ya que en el centro de su política está el fortalecimiento de su matriz industrial.
Con relación a la pretensión brasilera de que baje la tarifa y se traslade el beneficio a los consumidores, un integrante del equipo negociador por Paraguay señaló que en un futuro la tarifa debe bajar unos dólares y encontrar un término medio que permita garantizar las nuevas inversiones.
La renegociación exigirá un gran esfuerzo para el logro de los acuerdos. Paraguay y Brasil son países en diferentes estadios de desarrollo y, por lo tanto, sus demandas, necesidades y ambiciones son muy diferentes en el tema energético, así como en cualquier otro.
La cumbre entre Santiago Peña y Lula da Silva en marzo de 2026 representó un paso necesario para evitar la parálisis en la relación bilateral y reencauzar el diálogo sobre el futuro de Itaipú. Lo que está en juego no es solo el costo de la electricidad, sino la definición de un nuevo modelo de integración energética, donde la soberanía sobre los recursos y la distribución equitativa de los beneficios sean tan importantes como la eficiencia técnica.
