Las recientes declaraciones del ministro de Economía y Finanzas al señalar que la política fiscal entra en una economía de guerra encendió el debate sobre las finanzas públicas. Esta metáfora bélica es usada con frecuencia por tecnócratas para justificar ajustes que terminan sacrificando a la mayoría de la población. La promesa de mejorar la mala calidad del gasto no llegó nunca, por lo que el Ministerio de Economía y Finanzas tiene la oportunidad empezando por eliminar los privilegios en lugar de castigar nuevamente al pueblo.
Los ciudadanos comunes ya sufren una economía de guerra silenciosa, caracterizada por un mercado laboral precario, ingresos insuficientes, una seguridad social deficiente, la ausencia de un sistema de transporte público digno y la mala calidad de los servicios públicos.
Para comprender la falacia de un ajuste generalizado solo basta conocer el escenario de precariedad estructural que enfrenta la mayoría de los paraguayos. El mercado laboral paraguayo se caracteriza por altos niveles de informalidad, que rondan el 80% de la población ocupada. Esto significa que la mayor parte de los trabajadores carece de acceso a un ingreso mínimo estable, a la seguridad social o a mecanismos formales de protección ante despidos o crisis como la climática o alguna enfermedad. Para estos ciudadanos, la economía de guerra no es una metáfora, sino una realidad cotidiana: La incertidumbre sobre el ingreso del día siguiente y la vulnerabilidad extrema ante cualquier shock externo.
A esta fragilidad laboral se suma la mala calidad de servicios públicos. El sistema de salud funciona con déficits crónicos de insumos, infraestructura colapsada y listas de espera. El gasto de bolsillo en salud sigue siendo una de las principales causas de empobrecimiento y endeudamiento de las familias.
La falta de un sistema de transporte público eficiente obliga a los trabajadores a destinar una porción significativa de sus bajos ingresos al traslado en condiciones de hacinamiento y precariedad y con constantes “reguladas”, a lo que se agrega la necesidad de contar con un vehículo propio con los consiguientes gastos en combustible, mantenimiento, seguros. Largas horas en el tráfico con calles que parecen bombardeadas podrían ubicar la frase de “economía de guerra” casi literalmente en el contexto de la infraestructura vial.
La propuesta de un ajuste fiscal que no distinga los gastos útiles para la población y los gastos superfluos dirigidos a sostener a la clase política y a la élite económica resulta no solo injusta, sino también económicamente ineficiente.
El presupuesto presenta una estructura de gastos que tradicionalmente ha privilegiado a una mínima proporción de la población por encima de la provisión de bienes públicos esenciales. Un análisis del Presupuesto General de la Nación (PGN) revela partidas millonarias destinadas a conceptos que poco o nada aportan al bienestar ciudadano o al crecimiento económico sostenible y que además alimentan el prebendarismo político y la corrupción en las adquisiciones públicas.
La drástica reducción de los costos burocráticos como beneficios salariales, seguros médicos, compra de alimentos, pasajes, viáticos, horas extras y la eliminación de sobrecostos en las compras públicas originados en la corrupción y en la existencia márgenes de preferencia deben estar en primer lugar de la lista.
Más allá de la reducción cuantitativa del gasto, el verdadero desafío reside en mejorar su calidad. El paradigma del ajuste en una economía de guerra no debe ser simplemente gastar menos, sino gastar mejor. Esto implica una reorientación radical del presupuesto hacia las políticas que tengan alto impacto social y económico.
La declaración del ministro de Economía sobre el ingreso a una “economía de guerra” debe ser tomada con seriedad, pero también con un sentido crítico profundo. En un país donde los ciudadanos comunes ya enfrentan una crisis permanente de empleo, ingresos, salud y movilidad, la guerra no es un escenario futuro, sino el campo de batalla diario de la supervivencia. Por lo tanto, el ajuste fiscal no puede ser un ejercicio de austeridad que castigue dos veces a los ciudadanos.
