El fiscal Nelson Ruiz explicó que, con el pedido de sobreseimiento provisional, el imputado Miguel Ángel Carballo Gómez no queda absuelto de la causa que guarda relación con un supuesto enriquecimiento ilícito.
“Hay que entender que la figura del sobreseimiento provisional no cierra la causa, sino que deja habilitada la causa para que se continúe el proceso”, explicó en contacto con la 780 AM.
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Señaló además que a lo largo de la investigación no han encontrado ningún documento que vincule al legislador con Carballo. Añadió que algunas cuestiones deben ser dilucidadas con mayor precisión.
“Se ha hecho referencia que se trata de un testaferro de un diputado. En la carpeta fiscal no encontramos ni un solo documento que pudiera ligar a esta persona (Carballo) con el mencionado (Víctor Bogado)”, subrayó.
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Carballo contaba con otro proceso por cobro indebido de honorarios, ya que figuraba como funcionario de la Cámara de Diputados con cargo de asesor desde 2013, donde percibió un salario mensual de G. 10.300.000.
A la vez estaba en la nómina de funcionarios de la Municipalidad de Asunción con cargo de asistente, con nombramiento desde el 2008 hasta mayo de 2016.
En dicha causa el hombre fue beneficiado con la suspensión condicional del procedimiento, bajo el requerimiento de devolver G. 100 millones como resarcimiento del daño causado y de donar G. 60 millones a un hogar y una capilla.
El parlamentario Víctor Bogado figura en la lista de los parlamentarios que siguen en sus cargos legislativos, pese a contar con causas abiertas por corrupción. Aún siguen 10 legisladores procesados en el Congreso.
Según la investigación fiscal, Gabriela Quintana, sindicada como la niñera de los hijos de Bogado, fue nombrada como funcionaria en Diputados cuando el legislador presidía la Cámara. El Ministerio Público la acusó de cobrar más de G. 71 millones de forma ilegal.
No obstante, en julio la fiscala Claudia Morys pidió la desestimación de la denuncia por cobro indebido de honorarios contra la mujer.
