En medio de tratativas de un posible acuerdo entre el presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset y la Justicia de los Estados Unidos, el juez Rossie Alston Jr., juez de Alexandría, del Estado de Virginia de los Estados Unidos, volvió a dar un plazo de más de un mes para la audiencia, que se llevará a cabo recién el 1 de julio. El tiempo es para que la defensa analice el “pacto de condena”.
Según el medio uruguayo Búsqueda, el nuevo plazo hasta el 1 de julio, a las 10:00, será para que los abogados del procesado puedan analizar las evidencias y la “oferta de acuerdo de culpabilidad (pacto de condena)”.
La Fiscalía de los Estados Unidos ya recolectó 22 GB de evidencias en contra de Marset, que equivaldría a 4 millones de páginas de texto, o 5.500 fotos de celular o 22.000 canciones en formato MP3, según informó el medio uruguayo.
La causa incluso “comprende voluminosas comunicaciones electrónicas en idioma español y portugués, del imputado y de otras personas, obtenidas de servidores ubicados en el exterior”.
¿MARSET ACEPTARÁ ACUERDO? Un documento fechado el 15 de mayo menciona que para seguir presentando el “pacto de condena”, el fiscal federal adjunto Anthony T. Aminoff pedía más tiempo para hacer la audiencia.
También solicitó que la causa sea declarada como compleja y que se suspendan los plazos de un juicio oportuno, que establece que el juicio penal debe iniciarse dentro de los 70 días después de que el procesado sea acusado.
El propio Marset –quien ya había renunciado a ese juicio rápido– aceptó cambiar de fecha de la audiencia y ahora queda la posibilidad de que se declare culpable al aceptar el acuerdo.
ACUSACIÓN A EX ESPOSA. Coincidentemente, ayer, también el fiscal antidrogas Deny Yoon Pak, dentro de la causa A Ultranza Py, acusó en Paraguay a Gianina García Troche (33), ex esposa del presunto narcotraficante Sebastián Marset, recluido hoy en los Estados Unidos.
Contra ella, la Fiscalía sostiene que habría sido clave en el esquema de su ex pareja, creando empresas para lavar dinero, producto del tráfico internacional de drogas.
La mujer, ciudadana uruguaya, se instaló en el país en octubre del 2019 junto a su esposo.
Tiempo después, el 3 de mayo del 2021, Gianina García y Alexis Vidal González (también procesado en el caso A Ultranza) crearon la empresa Grupo San Jorge SA (Total Cars), “para emitir las facturas a nombre de la empresa Total Cars”, pero que sería de fachada y para lavar dinero.
Le insertaron un capital social de G. 1.000 millones y le correspondía a ella el 75%, por lo que ella quedó como presidenta de la entidad.
Dicha empresa estuvo presente como supuesto patrocinador de actividades deportivas y de artes marciales.
Gianina García luego también habría habilitado una cuenta en un banco presentando un certificado de trabajo aparentemente falso, diciendo que era propietaria de un tractocamión habilitado por la Transportadora Kuarahy SRL.
La cuenta era para poner en circulación en el sistema financiero nacional el dinero ilícito, “justificando falsamente que ello proviene de actividades genuinas lícitas”.
Según la Fiscalía, Gianina García a fin de asegurar el disfrute de los beneficios que Sebastián Marset obtuvo como ganancia proveniente del tráfico internacional de cargas de clorhidrato de cocaína, constituyó esa supuesta sociedad.
Pese a que Marset, desde la clandestinidad negó que ella esté involucrada en el esquema, en el informe de Inteligencia de la Policía la incluye en el bloque investigativo porque habría sido “facilitadora, administradora y testaferro” de la organización.
Presa en el país desde el 2025
Gianina García Troche llegó al país en la mañana del 21 de mayo del 2025. Está imputada por supuesto lavado de dinero desde el 2022, pero estaba prófuga de la Justicia hasta que en el 2024 fue detenida en España, tras volver de Emiratos Árabes.
Desde su arribo al país, su reclusión estuvo marcada por episodios graves, que incluso costó el cargo a dos jefes del penal militar de Viñas Cué, quienes le habrían otorgado privilegios y a través de eso obtuvo una celda casi vip.
Luego de eso, fue trasladada al penal de Emboscada donde permanece hasta hoy.
