El presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset afirmó que agentes federales estadounidenses presionaron a su madre para obtener las claves de acceso de su billetera digital, tras una “entrega irregular” desde Bolivia, el día que lo atraparon. Esta situación derivó en el despido de todo su equipo de abogados estadounidenses.
Desde el Proyecto de Denuncia de la Delincuencia Organizada y la Corrupción (OCCRP) informaron que mediante una carta extraordinaria dirigida a un juez federal, Marset afirma que agentes federales estadounidenses intentaron extorsionarlo para obtener cuatro millones de dólares en criptomonedas.
Debido a ello, según el escrito realizado desde una cárcel de EEUU y enviado al juez de distrito Rossie D. Alston Jr. ha despedido a su equipo de defensa estadounidense, alegando que agentes estadounidenses intentaron extorsionarle millones de dólares en criptomonedas.
Las acusaciones constan en nuevos documentos judiciales presentados el pasado miércoles ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia. Los documentos revelan que Sebastián Marset, de 34 años, despidió a sus abogados en Washington D.C. y Miami, quejándose ante el juez de que se negaron a informar sobre estos hechos o a presentar mociones para destituir al fiscal principal a cargo de su caso.
Desde el Centro Penitenciario Federal donde espera juicio, Marset afirmó que dos agentes federales le exigieron acceso a su billetera de criptomonedas que contiene aproximadamente cuatro millones de dólares. Ante su negativa, según Marset, los agentes llamaron a su madre por WhatsApp y le exigieron fotos de una libreta que contenía las claves de acceso criptográfico privadas de la billetera.
En la carta, el uruguayo también escribió que “estos mensajes se conservan y constituyen prueba escrita directa de la conducta extorsiva”.
El ciudadano uruguayo, con numerosos tatuajes y que anteriormente dirigía operaciones de narcotráfico en Paraguay, tenía una recompensa de dos millones de dólares ofrecida por el Gobierno estadounidense antes de su captura. Ahora alega que sus derechos fueron violados sistemáticamente desde el momento en que fue sacado de su casa en Bolivia, el pasado 13 de marzo, a las 03:00 de la madrugada, y entregado inmediatamente a agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA), quienes lo trasladaron en avión a Estados Unidos ese mismo día.
Marset declaró ante el juez que fue extraditado mediante una “entrega irregular que viola los tratados internacionales”. Afirmó además que al llegar al Aeropuerto Internacional Dulles de Washington, sus solicitudes de un abogado fueron ignoradas y fue sometido a un interrogatorio. El presunto cabecilla agregó que las autoridades alteraron sus declaraciones oficiales, registrando sus negaciones de culpabilidad como admisiones de aceptación.
El repentino cambio en el proceso judicial llega en un momento crítico para la Fiscalía. En la audiencia del 1 de abril, los fiscales insinuaron una próxima acusación formal que ampliaría los cargos existentes, los cuales actualmente solo abarcan el presunto lavado de dinero a través de bancos estadounidenses. Si bien la acusación formal vigente hace referencia reiterada a las actividades de narcotráfico de Marset, aún no lo acusa formalmente de tráfico de estupefacientes.
Audiencia está fijada para julio
En medio de tratativas de un posible acuerdo entre el presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset y la Justicia de los Estados Unidos, el juez Rossie Alston Jr., juez de Alexandría, del estado de Virginia, de los Estados Unidos, volvió a posponer la audiencia, que se llevará a cabo el 1 de julio, a las 10:00. El tiempo es para que la defensa analice el “pacto de condena”. La pospuesta se debe a una negociación con los abogados del procesado, para que puedan analizar las evidencias y la “oferta de acuerdo de culpabilidad (pacto de condena)”.
